De la corrupción a los crímenes de Estado
Las sospechas alcanzan a la punta de la pirámide. Los delitos que se investigan del anterior Gobierno mutaron, en cuestión de semanas, de complejas tramas de corrupción a crímenes comunes que rozan a los más altos funcionarios de la autodenominada revolución ciudadana.
El asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, y el intento de secuestro del político Fernando Balda ponen en entredicho la actuación gubernamental.
Las víctimas en el primer caso y la Fiscalía en el segundo ya los han calificado como “crímenes de Estado”.
Y los dos amenazan con involucrar, ahora sí, al expresidente Rafael Correa.
Los primeros en ser investigados y condenados fueron mandos medios como el exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, condenado por delincuencia organizada, cohecho y enriquecimiento ilícito. De ahí en más, el ‘peso’ de los investigados ha ido en aumento.
El exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, purga una pena de cinco años por recibir cerca de un millón de dólares de la constructora Odebrecht. Carlos Pareja Yannuzelli, exministro de Hidrocarburos, de la década pasada, fue sentenciado a 10 años por peculado y tiene abiertos en su contra más de 14 procesos y condenas por cohecho, asociación ilícita, entre otros.
La barrera de los investigados se rompió el 29 de agosto cuando la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido de la Fiscalía para vincular al entonces vicepresidente Jorge Glas en el caso Odebrecht por asociación ilícita.
Este proceso terminó con Glas y su tío Ricardo Rivera, que habría servido de vínculo con la firma, condenados a seis años de cárcel.
Y cuando se creía que la justicia no alcanzaría a nadie más, saltaron dos escándalos, asociados a delitos comunes, que tienen en vilo al propio Correa.
Él ha sido mencionado por sus propios excompañeros y, como publicó ayer EXPRESO, analiza pedir asilo político en Bélgica.
Lenin Lara, alcalde de Esmeraldas y exministro de Justicia, pateó el tablero en el caso Gabela con una declaración.
Ayer reconoció la existencia del tercer producto del peritaje que se contrató para revisar el caso.
El ministerio, dijo, recibió el informe en julio de 2013. “Hubo un análisis del Comité de ministros, no se aprobó y luego de eso yo salí del ministerio”, contó.
Pero aseguró que mientras estuvo se cumplió el trámite previsto: “Tal como rezaba, tal como era la cláusula del contrato de esta consultoría (…) pasaría a Presidencia de la República, que era el único organismo autorizado para dar a conocer o no este informe”.
Correa tampoco tuvo suerte en el caso abierto por el secuestro de Balda. Ayer, el exagente de Inteligencia, Raúl Chicaiza, investigado por asociación ilícita y plagio, complicó la situación jurídica del exmandatario, vinculado el lunes al proceso.
Chicaiza se tomó casi cinco horas para relatar el antes y el después del secuestro.
Inició aclarando que en el gobierno de Correa “si no hacíamos lo que él decía, teníamos un problema seguro”.
Puso como ejemplo los casos de los capitanes Diego Peñaherrera, exedecán de la esposa de Correa, y de Edwin Ortega, capitán sancionado por responder un correo del entonces mandatario.
Su voz se quebró en cinco ocasiones, hubo lágrimas y pedidos de perdón, ofreció disculpas a Balda y pidió clemencia a la jueza Daniella Camacho.
Aseguró que todas las tareas que cumplió en el caso fueron por disposición del expresidente, del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y de la Unidad de Operaciones Especiales.
En 2010, él pasó de la Dirección General de Inteligencia a la Secretaría de Inteligencia (Senain).
El 3 de mayo de 2012 recuerda que se le ordenó presentarse en el despacho de Romero.
“Me indica que tiene una misión para mí: trasladarme a Colombia”, señaló.
Le encomendó asistir a un encuentro en donde estarían Balda, el expresidente Álvaro Uribe, Luis Almeida, Mario Pazmiño y otros.
De ese encuentro presentó fotos que, asegura, llegaron a manos del presidente.
Prueba de eso, según Chicaiza, es que las hizo públicas el 2 de junio en la sabatina 274.
Con esa reunión inició una serie de encuentros con Balda, a quien se investigaba por la venta de equipos de espionaje electrónico.
Viajó, al menos, tres veces a Colombia simulando ser un empresario. Balda siempre le pedía adelantos.
Le hizo, dijo, al menos tres giros de 2.000 dólares para la compra de los aparatos y entregas de 3.000 y 1.000.
El objetivo de los seguimientos, dijo, cambió por pedido de Correa. El exmandatario habría ordenado que Balda sea traído “a como dé lugar”.
Era agosto de 2012. Chicaiza pagó 28.000 dólares para que se lleve al activista hasta Ipiales.
El exagente indicó a la jueza que informaba de todas sus actividades a Romero, quien a su vez ponía al tanto al expresidente.
Antes y después de la Operación Balón o Wilson dice que recibió dos llamadas de Correa, quien le felicitó por su trabajo y le dijo que se tranquilice, que tendría todo el apoyo político, institucional y económico.
De una de ellas fue alertado por Romero. “Te va a llamar Carlitos”, le dijo. Con ese alias conocían en Inteligencia a Correa.
Fuente: expreso.ec
