Vinculan a Correa y a Ponce al caso 30S
Una treintena de elementos permitieron al fiscal Fabián Salazar vincular al expresidente Rafael Correa y a su exministro de Defensa, Javier Ponce, a la investigación por el asesinato de Froilán Jiménez, ocurrido el 30S.
El comando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) fue asesinado mientras protegía la salida del expresidente, que permaneció en el Hospital de la Policía, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
Por el fuero de Corte Nacional del que gozan ambos exfuncionarios, el caso será investigado por el fiscal Paúl Pérez Reina. Previamente Salazar siguió el órgano regular y remitió el caso a su superior, la fiscal de Pichincha Ruth Palacios.
La instrucción fiscal por ejecución extrajudicial se abrió el pasado 5 de septiembre en contra de los militares Wilson Reina y Vicente Nájera.
Ambos tienen medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Ellos habrían sido asignados al sitio desde donde salieron los disparos que terminaron con la vida de Jiménez el día de la revuelta policial.
En sus versiones afirmaron que cumplieron una orden de mando superior. Con ello, según el fiscal, se configuraría la cadena de mando y se entenderían las disposiciones dadas en el caso por las autoridades superiores “que permitieron que se produzca el delito de ejecución extrajudicial”.
Esas disposiciones provinieron de una planificación efectuada por las FuerzasArmadas para sacar al expresidente del hospital policial.
En uno de los informes presentados por los jefes militares se establece que el expresidente con base en un contacto telefónico “dispone al Sr. ministro deDefensa Nacional y al Sr. jefe del Comando Conjunto, que se proceda a rescatarlo”.
En el documento suscrito por el general Jorge Peña Cobeña, exdirector general de Operaciones del Comando Conjunto, se señala también que para el efecto “se coordina, tanto en forma personal como vía telefónica, con elementos de la seguridad del Sr. presidente”.
Ese informe para el fiscal Salazar “justificaría la investigación de fuero de Corte Nacional” a Correa y a Ponce.
Le da fuerza a ese elemento el informe del excomandante del Ejército Luis Castro. En un reporte señaló que existe una orden preparatoria en la que le piden que “organice, planifique y ejecute una operación de rescate” del exjefe de Estado.
La revuelta policial dejó cinco muertos: dos policías, dos militares y un civil, más de 100 heridos (entre ellos, 42 militares), armas perdidas, edificios afectados, entre otras cosas.
La noche del miércoles y la madrugada de ayer se hizo la reconstrucción de los hechos afuera del hospital policial.
Durante el régimen de Correa se formó la Comisión 30S que determinó que lo ocurrido ese día fue ‘un golpe blando’. Después de la polémica que generó un supuesto informe con indicios sobre esa comisión, la Contraloría inició exámenes a los gastos de la Senain, relacionados con el 30S.
Por la revuelta policial, más de mil uniformados fueron investigados. Se abrieron procesos por tentativa de magnicidio, paralización de servicios públicos, terrorismo, sabotaje, entre otros cargos. La condena más grande la recibieron seis policías sancionados a 12 años de cárcel. Ese y otros casos fueron llevados al Consejo de la Judicatura para que sean investigados en la mesa contra la impunidad.
Asociación ilícita
Segundo intento en caso Balda
La jueza Daniella Camacho reinstalará el 21 de septiembre, a las 13:00, la audiencia preparatoria de juicio en contra del expresidente Rafael Correa y otros, investigados por asociación ilícita y plagio por el caso Balda.
En la diligencia se recibirán las observaciones de las partes sobre el dictamen abstentivo emitido por el fiscal Paúl Pérez en favor del excomandante de Policía Fausto Tamayo y del agente de Inteligencia Jorge Espinosa.
Se resolverán también los pedidos de procedimiento abreviado presentados por los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón, los principales sospechosos de planificar la tentativa de secuestro que sufrió Fernando Balda en agosto de 2012 en Colombia.
Con la situación de los cuatro procesados resuelta, el trámite seguirá para el expresidente Correa y el exsecretario de la Senain Pablo Romero.
Si la jueza los llama a juicio el proceso se suspenderá porque no pueden ser juzgados en ausencia. MCV
Fuente: expreso.ec
