La Asociación de Funcionarios y Servidores Judiciales del Guayas, que agrupa a cerca de 400 colaboradores de la Función Judicial, alertó sobre la falta de garantías de seguridad para jueces, fiscales y demás servidores del sistema de justicia
El gremio pidió a las autoridades adoptar medidas urgentes para frenar la ola de violencia que afecta al sector.
La preocupación se intensificó tras el asesinato de la fiscal Alexandra Bravo y de su hermana, ocurrido el domingo 14 de junio en Manta.
La funcionaria no contaba con resguardo policial pese a la connotación de los casos que manejaba.
Este martes 16 de junio, en entrevista en Contacto Directo, Darwin Muñoz, representante de la asociación, subrayó que los funcionarios judiciales se encuentran en una situación de vulnerabilidad y «total desprotección».
“No se ha trabajado con seriedad en el eje de seguridad de los servidores de la Función Judicial”, afirmó.
Según Muñoz, existe desconfianza incluso para solicitar resguardo policial, debido al temor de que información sensible sobre los funcionarios pueda filtrarse.
El delegado también cuestionó la reacción de algunas autoridades tras los atentados contra operadores de justicia.
“Hay un debilitamiento de la institucionalidad.
Cuando ocurre un hecho violento, en determinados casos existen ministros de Estado o autoridades policiales que insinúan, mediante sus comentarios, que el servidor pudo haber estado cometiendo algún acto irregular y que por eso lo asesinaron. Eso está totalmente alejado de la realidad”, señaló.
Como parte de las soluciones, el gremio plantea una mayor articulación entre las instituciones del Estado, el incremento del presupuesto destinado a la seguridad de los operadores judiciales y la adopción de medidas especiales de protección.
Entre ellas, permitir que ciertos funcionarios puedan movilizarse en vehículos sin placas visibles o con vidrios polarizados, así como reforzar la reserva de información relacionada con la ubicación y actividades de fiscales y jueces.
40 asesinatos en seis años.
La preocupación del sector se sustenta en una serie de ataques registrados en los últimos años.
De acuerdo con cifras citadas por la organización, 40 servidores judiciales han sido asesinados en Ecuador en los últimos seis años.
Las provincias más afectadas son Manabí, Guayas y Santa Elena.
Solo en Manta, desde 2022, han sido asesinados tres fiscales y dos secretarios judiciales.
Además, el edificio de la Fiscalía ha sido atacado a tiros.
En mayo pasado, la jueza Lady Gissela Pachar Huanga fue asesinada en Machala, provincia de El Oro.
Mientras tanto, en Santa Elena, sujetos armados dispararon contra el edificio del Consejo de la Judicatura también en mayo.
En esa misma provincia, la jueza María Belén Chérrez Molina fue atacada a tiros en enero de 2025 y falleció siete meses después, tras permanecer en estado crítico.
En Guayas, uno de los casos más recordados ocurrió en enero de 2024, cuando fue asesinado en Guayaquil el fiscal César Suárez, quien investigaba casos de alto perfil, entre ellos la irrupción armada en las instalaciones de TC Televisión. (I)
Fuente: evafm.net – ecuavisa.com
