La instrucción fiscal del caso Goleada llegó a su fin. La madrugada de este martes 30 de junio, el fiscal Dennis Villavicencio notificó la conclusión de esta etapa procesal a las 17 personas y nueve empresas investigadas por presunto lavado de activos, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; su madre, su esposa, sus hermanos, dos primos, empleados y compañías vinculadas a su entorno.

La investigación penal se extendió por 139 días.

Con el cierre de la instrucción fiscal, las partes ya no podrán solicitar nuevas diligencias y, hasta el próximo lunes, únicamente podrán practicarse aquellas que fueron requeridas con anterioridad.

Entre las actuaciones pendientes constan la recepción de algunas versiones y la audiencia de revisión de medidas cautelares de cinco procesados que inicialmente estuvieron con prisión preventiva, entre ellos Aquiles Álvarez y sus hermanos, Antonio y Xavier.

La orden de prisión fue revocada 50 días después de haber sido dictada.

Sin embargo, dos de los tres jueces del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinaron posteriormente que existió un error inexcusable al dejar sin efecto esa medida.

Con ese argumento, la Fiscalía buscará que se restituya la prisión preventiva para los cinco procesados.

El caso Goleada comenzó el 11 de febrero, cuando la Fiscalía formuló cargos por presunta delincuencia organizada, tras la detención de los tres hermanos Álvarez y otras ocho personas.

Posteriormente, el 27 de marzo, fue vinculado al proceso el asambleísta Raúl Chávez, de la organización política RETO, señalado además como comisionista de las empresas de la familia Álvarez.

El 14 de mayo, la Fiscalía reformuló los cargos por el presunto delito de lavado de activos, acogiendo el criterio del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

Dos semanas después, el 29 de mayo, se produjo una segunda vinculación que incorporó al proceso a la esposa y la madre del alcalde, dos de sus primos, la contadora de las empresas y nueve personas jurídicas.

Otra de las diligencias relevantes ocurrió el 16 de junio, cuando el exgerente financiero de las empresas de los Álvarez, José Cevallos, rindió un testimonio anticipado.

Su declaración se centró en el supuesto mecanismo mediante el cual las compañías adquirían combustible subsidiado para comercializarlo, sin subsidio, a navieras internacionales.

Concluida la instrucción fiscal, el siguiente paso será que el fiscal solicite la audiencia preparatoria de juicio, en la que emitirá su dictamen y, de considerarlo procedente, pedirá que los procesados sean llamados a juicio. (I)

Fuente: evafm.net – ecuavisa.com