Los representantes de la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes del Ecuador (Apemede) presentaron hoy, miércoles 1 de julio de 2026, una solicitud colectiva ante las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo en Pichincha, Guayas y Azuay.
En el documento pidieron que esa entidad interviniera de manera urgente frente a la presunta vulneración del derecho a la salud, debido a la falta de acceso oportuno y continuo a medicamentos para el tratamiento de la esclerosis múltiple y demás enfermedades desmielinizantes.
Según el documento, pese a los anuncios públicos sobre procesos de adquisición de medicamentos para enfermedades catastróficas y raras, los pacientes siguen enfrentando interrupciones en sus tratamientos.
Reclamaron que no hay información clara sobre el abastecimiento en hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Un caso que genera preocupación.
La Apemede expuso el caso registrado el 29 de junio de 2026 en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga del IESS, en Cuenca.
Los pacientes fueron informados por la Unidad de Farmacia que no existía disponibilidad de Ocrelizumab, medicamento de alta eficacia para el tratamiento de la esclerosis múltiple.
Asimismo, se indicó que el plan de contingencia anunciado para garantizar la continuidad terapéutica no se ejecutó, manteniéndose el riesgo de interrupción de los tratamientos.
Pidió a la Defensoría del Pueblo que admita la denuncia colectiva, investigue la situación de abastecimiento de medicamentos, requiera información oficial a las instituciones competentes, realice acciones de observancia y seguimiento, convoque mesas de trabajo interinstitucionales y evalúe el patrocinio constitucional, incluyendo acciones de protección para pacientes cuyos tratamientos ya fueron interrumpidos y medidas cautelares para quienes se encuentran en riesgo de perder el acceso a su medicación.
Los pacientes con esclerosis múltiple constituyen un grupo de atención prioritaria, por lo que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el acceso permanente, oportuno y continuo a los tratamientos médicos.(I)
Fuente: evafm.,net – ecuavisa.com
