El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió este lunes en el Tribunal Supremo una batalla en su vieja obsesión por limitar el voto por correo, pero no da por terminada su guerra para influir en las elecciones legislativas de noviembre a base de cambiar las reglas y entorpecer el acceso a las urnas. Es una guerra en la que su Administración lleva meses embarcada; una campaña para preservar la “integridad electoral” basada en exageraciones, sospechas sin fundamento y teorías de la conspiración sobre un supuesto fraude electoral masivo que siempre beneficia a sus rivales.

El revés del Supremo solo invalida parte de un plan en varios frentes al que Trump no va a renunciar, como dejó claro este martes el fiscal general, Todd Blanche, en una insólita conferencia de prensa celebrada en la Rosaleda de la Casa Blanca. En ella, ejerció de portavoz, en sustitución de Karoline Leavitt, que abandonó el puesto en agosto, de una presidencia de la que en teoría debe mantener una sana distancia. Blanche dijo que la sentencia “no afecta a las investigaciones en curso sobre el voto ilegal”, y prometió que “los esfuerzos de Trump para garantizar unas elecciones libres y justas no se detendrán en noviembre, ni después”.

El objetivo es despojar a los Estados de la potestad, que les reconoce la Constitución, de organizar las elecciones. Ese plan incluye amenazas a funcionarios electorales, demandas del Departamento de Justicia contra esos territorios, el rediseño ventajoso de distritos de votación y presiones de Trump a los líderes republicanos del Senado para que aprueben una ambiciosa reforma que amenaza con suprimir el sufragio de millones de personas. Existe también el temor de que el Gobierno decida desplegar agentes migratorios en los colegios electorales.

Parte del éxito pasa por arrojar la sombra de la duda acerca de una votación prevista para el 3 de noviembre, como hizo Trump en las presidenciales de 2020, que perdió contra Joe Biden. Entonces, se negó (aún se niega) a aceptar el resultado.

El caso del sufragio por correo es un buen ejemplo de esa estrategia disuasoria. La decisión del Supremo (siete votos a favor y dos en contra) llega cuando los primeros Estados ya habían abierto el periodo para votar por adelantado en un vasto un país en el que un tercio de los electores (y un cuarto de republicanos) envían sus papeletas por correspondencia, con ocho territorios (demócratas) en los que solo se vota así. Las idas y venidas en los tribunales del decreto con el que Trump trató en marzo de limitar esa vía a tiempo para la celebración de las midterms han sembrado la incertidumbre entre votantes y empleados electorales.(I)

Fuente: evafm.net – elpais.com