El abogado Diego Guarderas, defensor de Luisa González, cuestionó la prisión preventiva dictada contra la excandidata presidencial en el caso Laberinto y aseguró que no existen elementos suficientes que la vinculen con las presuntas operaciones de lavado de activos investigadas por la Fiscalía. En una entrevista en Contacto Directo, sostuvo que la causa presenta inconsistencias y que la medida cautelar es desproporcionada.

Guarderas señaló que la investigación se originó en inconsistencias relacionadas con el financiamiento de la campaña electoral de 2023, pero que posteriormente incorporó una presunta trama de movimientos de dinero a través de Ternape, empresa relacionada con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Según el abogado, la Fiscalía no ha presentado elementos que demuestren que González conocía o participaba en las operaciones empresariales que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían permitido canalizar recursos hacia la campaña.

“No hay absolutamente nada que a Luisa González la vincule con esas operaciones, pero nada, porque su rol como candidata, se limita a situaciones de campaña”

Guarderas afirmó que la participación de Luisa González en la campaña presidencial no demuestra que haya intervenido en las operaciones financieras investigadas. Como argumento, mencionó un documento incorporado al expediente que, según su interpretación, identifica a la excandidata como destinataria política de las actividades de campaña, sin establecer una participación en las operaciones empresariales señaladas.

El abogado también se refirió a un informe sobre la cuenta utilizada durante la campaña electoral. Según explicó, el documento registra aportes por USD 204 mil y egresos destinados a actividades proselitistas. Para Guarderas, esa información no evidencia irregularidades penales y contradice la tesis de que existirían fondos ilícitos vinculados directamente con González.

Sobre la cifra de USD 725 933 atribuida por la Fiscalía al presunto financiamiento de la campaña mediante Ternape, el defensor sostuvo que se trataría de una suma construida a partir de conversaciones y conjeturas. Aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no había identificado en el expediente un elemento que vinculara personalmente a González con la matriz financiera interna de esa empresa.

Guarderas cuestiona el delito y la relación con Ternape.

Otro de los argumentos expuestos por la defensa de González se relaciona con el origen presuntamente ilícito de los recursos. Guarderas señaló que los casos Goleada y Triple A, en relación con las actividades empresariales investigadas, todavía no contaban con sentencias ejecutoriadas, por lo que cuestionó la forma en que esos antecedentes se incorporan a la hipótesis de lavado de activos.

El abogado sostuvo que para atribuir responsabilidad penal a González tendría que demostrarse que conocía las presuntas irregularidades en la comercialización de hidrocarburos y que buscó beneficiarse de esos recursos durante la campaña de 2023. Según su postura, la defensa no ha encontrado elementos que acrediten ese conocimiento o una participación de la excandidata en las actividades empresariales investigadas.

Guarderas también cuestionó que, según afirmó, no se hayan formulado cargos contra los directivos de Ternape en el mismo proceso, pese a que la empresa ocupa un lugar central en la hipótesis fiscal. A su criterio, esa situación genera inconsistencias en la investigación y debilita los argumentos utilizados para justificar la prisión preventiva.

“¿Por qué no se han formulado cargos en la misma causa contra los directivos de Ternape o de Aquiles Álvarez por el financiamiento a la campaña de Luisa González si eso hubiera ocurrido de esa forma y si se detiene a la candidata? Porque yo creo que la intención era detenerla a Luisa a cualquier costo.”

La defensa considera desproporcionada la prisión preventiva.

Respecto de la medida cautelar, Guarderas manifestó que no encuentra una justificación jurídica para mantener a González en prisión preventiva. Afirmó que, incluso si la Fiscalía consideraba necesario formular cargos, la excandidata debía afrontar el proceso en libertad, pues, según sostuvo, no existen elementos suficientes que acrediten su participación en el presunto delito.

El defensor también cuestionó los argumentos relacionados con el riesgo de fuga. Explicó que González mantiene actividades personales y económicas en Canuto, en Manabí, y que alterna su residencia entre esa localidad y Quito. Por ello, rechazó que su desplazamiento hacia Manabí pudiera interpretarse como una preparación para abandonar el país.

«Yo no conozco el aeropuerto de Canuto ni conozco que Canuto esté cerca de una frontera o tenga un puerto para que se pueda ir. ¿Por dónde se iba a ir? Luisa González ha desarrollado sus actividades personales y económicas en Canuto, es de ahí, es de ese lugar.(I)

Fuente: evafm.net – ecuavisa.com