Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), aseguró que la agencia continuará exponiendo los nexos entre el crimen organizado y políticos mexicanos.
En su publicación, el funcionario sostuvo que la corrupción y el narcotráfico “van de la mano, sin importar la posición política”, por lo que seguirán “sin descanso” las huellas de los “políticos que se benefician, protegen y alimentan” a las organizaciones criminales.
Y es que, el mismo día, la jueza Beryl A. Howell del Tribunal de Distrito de Columbia sentenció a “Tony Montana” a 22 años y medio de prisión por tráfico internacional de drogas y delitos con armas de fuego luego de que se declaró culpable cuatro meses antes. Su defensa solicitó 20 años para el líder criminal argumentando que no tiene posibilidad de sobrevivir debido a su edad de 68 años, mientras que la fiscalía pedía 30.
Rubén Rocha Moya, alcaldes y otros funcionarios han sido acusados por EEUU.
Las acciones contra políticos mexicanos comenzaron en el mes de abril pasado, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a nueve funcionarios de delitos relacionados con narcotráfico y armas vinculados al Cártel de Sinaloa.
Fue la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York la que emitió las acusaciones en contra de funcionarios que se encontraban activos y anteriores en Sinaloa, a quienes señaló de haberse asociado con la facción de Los Chapitos para distribuir grandes cantidades de drogas a Estados Unidos.
Los señalamientos también incluyen haber proporcionado información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército Mexicano a los miembros de la organización criminal, así como a sus aliados a cambio de miles de dólares.
Entre los funcionarios acusados, además del entonces gobernador de Sinaloa, se encuentran:
- Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general de Sinaloa.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
- Dámaso Castro Zaavedra, entonces fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil, entonces alcalde de Culiacán
En el mes de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción que lidera Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
Dichas sanciones incluyeron a personas cercanas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, como lo son su exesposo Carlos Alberto Torres Torres y su hermano, Luis Alfonso Torres, quienes habrían recibido sobornos del cártel y, posteriormente, blanqueado el dinero a través de empresas y campañas políticas.
Según las autoridades estadounidenses, el exesposo de la gobernadora estaría vinculado con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de la facción de Los Rusos que opera en Mexicali.
Además, en la trama criminal también fue sancionado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien habría recibido sobornos de “El Ruso” a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal y facilitarles sus actividades delictivas.
El segundo político sancionado fue Rafael Buenrostro Martín, quien se desempeñó como funcionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California, a quien identificaron como cercano de Carlos Torres y amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, detenido semanas antes en la alcaldía Cuauhtémoc.
Según las autoridades, Buenrostro martín proporcionó favores políticos e influencia para impulsar las actividades delictivas de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.
Desde el inicio de la administración de Donald Trump comenzó una ofensiva en contra de los cárteles, en la que se ha presionado a México para combatir a los grupos criminales con la imposición de aranceles y la emisión de sanciones o acusaciones en contra de políticos, exfuncionarios y miembros del crimen organizado.(I)

Foto: X/@DEATerryCole

Rubén Rocha Moya intentó regresar a su cargo de gobernador, pero tras el rechazo de Morena y de la
presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, decidió tomar licencia indefinida. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

De izquierda a derecha: Inzunza Cazárez, Díaz Vega, Castro Zaavedra y Almanza Aviles.
Foto: Redes sociales
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Marina del Pilar y Carlos Torres Baja California (especial)
Fuente: evafm.-net – infobae.com


