La historia del Consejo de la Judicatura no comienza en 2008, aunque muchos discursos políticos así lo han mencionado.

Contrariamente a esa afirmación, esta figura fue creada originalmente por la Constitución de 1992 y establecida de forma operativa en 1998 como Consejo Nacional de la Judicatura, con la función de administrar y vigilar a los jueces.

Sin embargo, su diseño y competencias cambiaron radicalmente tras la aprobación de la nueva Constitución en Montecristi en 2008, cuando la Asamblea Constituyente redefinió la estructura del Estado y transformó el organismo en el actual Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

En el año 2011 se reportaron varias irregularidades dentro del Consejo de la Judicatura en donde se acusaba a algunos de sus miembros de presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y de ejercer presión para que fallen a favor de determinadas causas; por este motivo, el 14 de febrero de 2011 la Asamblea Nacional aprobó el enjuiciamiento político en contra de los nueve vocales que componían la judicatura.

 

El juicio político terminó el 12 de mayo de 2011, en el que se obtuvieron 57 votos a favor de la censura y no los 83 que eran necesarios para que los vocales del Consejo de la Judicatura fuesen censurados y destituidos.

A pesar de esto, el juicio político destapó que al menos 639 jueces y funcionarios de la entidad se sentían afectados por decisiones de la institución, en especial por las medidas disciplinarias adoptadas

por la Comisión de Recursos Humanos.

Este caso llegó a manos de la Corte Nacional de Justicia, en donde el entonces presidente Carlos Ramírez Romero protestó en contra del manejo de la Judicatura y sobre la designación de conjueces de la Sala Civil, Mercantil y Familiar, aduciendo que el organismo no tenía la potestad de dar estos nombramientos y los declaró nulos, mientras una consulta popular previa en dos de sus preguntas la conformación de un Consejo de la Judicatura transitorio, el cual, después de ser sometido a la voluntad popular, fue aprobado.

Todas estas dignidades de la Judicatura no tuvieron más salida que dejar sus cargos.

Rafael Correa y el Consejo de la Judicatura:

En 2011, el entonces presidente Rafael Correa impulsó una consulta popular que incluyó la reestructuración total del Consejo de la Judicatura.

En plena campaña de la consulta, Correa pronunció una frase que marcó el debate nacional:

“Han dicho que el presidente va a meter las manos en la Corte.

Por supuesto que lo vamos a hacer, ¿qué tiene eso de malo?”.

La consulta fue aprobada en las urnas y dio paso a un Consejo de la Judicatura de Transición, integrado por Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yavar.

Ese Consejo transitorio recibió poderes extraordinarios durante 18 meses.

Evaluó jueces, cesó funcionarios, organizó concursos de méritos y oposición y reestructuró la Corte Nacional de Justicia.

Fue el inicio de la llamada “reforma judicial”, el proyecto institucional más ambicioso del correísmo en materia de justicia.
Entre 2011 y 2017, el Estado destinó más de USD 600 millones a esta reforma, según informes de la época.

La inversión millonaria en infraestructura incluyó la construcción de complejos judiciales en varias provincias, la remodelación de unidades existentes, equipamiento tecnológico, implementación de salas con grabación audiovisual, digitalización de procesos y modernización de archivos.

El discurso oficial sostenía que Ecuador necesitaba infraestructura moderna para garantizar acceso a la justicia y transparencia en audiencias.

Se levantaron edificios emblemáticos en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades, con una arquitectura estandarizada que buscaba proyectar institucionalidad.

Sin embargo, la magnitud del gasto también generó cuestionamientos.

Sectores de oposición y organizaciones sociales criticaron los costos de construcción, los procesos contractuales y la centralización de decisiones en el Consejo. Aunque el Gobierno defendía que la inversión respondía a décadas de abandono, la polémica quedó instalada; la modernización física no disipaba las dudas sobre la independencia judicial.

Gustavo Jalkh y su paso por la judicatura:

En 2012 culminó la etapa transitoria y asumió el Consejo definitivo, presidido por Gustavo Jalkh, exministro del Interior del Gobierno de Correa.

Su administración se extendió hasta 2018.

Durante esos años se consolidó el nuevo modelo de gestión judicial, pero también se profundizaron las críticas por el uso del régimen disciplinario.

Organizaciones de juristas denunciaron que los jueces eran sancionados por el contenido de sus fallos, lo que, según sus críticos, configuraba un mecanismo de presión política.

En 2018, ya bajo la presidencia de Lenín Moreno, una nueva consulta popular reestructuró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). 

El Cpccs transitorio, presidido por Julio César Trujillo, evaluó y cesó a varias autoridades de control, incluyendo al Consejo de la Judicatura encabezado por Jalkh.

Se designó una Judicatura transitoria integrada por Marcelo Merlo, Angélica Porras, Juan Pablo Albán, Aquiles Rigaíl y Zobeida Aragundi.

Pero los conflictos internos y desacuerdos públicos debilitaron ese proceso.

Tras esto, asumió la presidencia María del Carmen Maldonado, que llegó al cargo luego de ser designada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs – T), con base en las ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional.

Su proceso de selección se realizó bajo el escrutinio público con veeduría e impugnación ciudadana, Maldonado fue la primera mujer en la historia del país en ocupar esta designación. 

En su gestión intentó reordenar el sistema disciplinario y estabilizar la administración judicial.

En 2022 renunció luego de que la Corte Constitucional limitara las facultades del Consejo para suspender funcionarios sin resolución definitiva, lo que redujo el margen disciplinario del organismo.

El interinazgo de Fausto Murillo estuvo marcado por disputas con la Corte Nacional de Justicia y cuestionamientos sobre la prórroga de funciones de vocales.

La inestabilidad institucional coincidió con un fenómeno aún más grave, la infiltración del crimen organizado en la justicia. 

Murillo fue censurado y destituido en la Asamblea Nacional en febrero de 2024.

Llegada de Wilman Terán, “El Diablo”, a la judicatura:

En 2023, el caso Metástasis reveló presuntos vínculos entre operadores judiciales, políticos y estructuras criminales asociadas al narcotráfico.

La investigación incluyó chats, fallos judiciales y redes de favores que comprometían a funcionarios de alto nivel.

Entre los procesados estuvo Wilman Terán, quien había llegado al cargo tras ser designado desde una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.

Su detención profundizó la crisis de confianza.

 

En 2024, el caso Purga amplió el foco hacia presuntas redes de influencia política en el sistema judicial, especialmente en la provincia del Guayas, con investigaciones que involucraron al exlegislador Pablo Muentes.

Álvaro Román y su paso en el Consejo de la Judicatura:

Álvaro Román asumió la Presidencia encargada del Consejo de la Judicatura en enero de 2023, tras una disposición de la Corte Constitucional que buscó restituir la institucionalidad en ese organismo.

Su llegada se dio en medio de una fuerte crisis interna y cuestionamientos sobre la legalidad de decisiones adoptadas por la anterior administración tras la salida de Wilman Terán.

Uno de los principales problemas durante su paso por la Judicatura fue la fallida ejecución de concursos para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia y para conformar bancos de elegibles a escala nacional. Un concurso que preveía integrar un banco de más de mil aspirantes y designar hasta 500 jueces quedó en suspenso y posteriormente fue declarado nulo, debido a irregularidades y falta de claridad en el proceso.

La situación generó críticas por la falta de transparencia y por el impacto en la estabilidad del sistema judicial.
Su administración también enfrentó cuestionamientos políticos e institucionales sobre la continuidad y legalidad de su permanencia en el cargo.

Su paso por la Judicatura concluyó en un contexto de tensiones entre funciones del Estado y debates sobre la necesidad de renovar la dirección del organismo para superar la crisis en la designación de jueces.

Tras la salida de Román, Dunia Martínez fue designada el 8 de julio de 2024 como presidenta del Consejo de la Judicatura por el Cpccs, tras integrar la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. 

Su nombramiento se dio en medio de un proceso marcado por tensiones políticas y cuestionamientos sobre la conformación del organismo.

Dos días después de su designación, el Cpccs reconsideró la votación y dejó sin efecto su designación, lo que abrió una nueva polémica institucional.

Finalmente, el organismo resolvió nombrar en su lugar a Mario Godoy, por lo que Martínez no llegó a ejercer de manera efectiva la presidencia del ente encargado de la administración y disciplina de la Función Judicial.

Mario Godoy, el capítulo más reciente de la judicatura:

Tras la salida de Dunia Martínez, quien tomó la posta al frente del Consejo de la Judicatura fue Mario Godoy, el cual llegó en medio de cuestionamientos.

La decisión se tomó la noche del 10 de julio de 2024. Godoy completó la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.

Durante su administración, marcada por controversias, cuestionamientos políticos y acusaciones de presiones en casos judiciales, Godoy permaneció cerca de 19 meses en el cargo.

La caída de Godoy comenzó en enero de 2026 después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aceptó el pedido de juicio político propuesto por parte de la bancada Revolución Ciudadana (RC) e impulsado por cinco asambleístas del correísmo: Viviana Veloz, Raúl Chávez, Xavier Lasso, Liliana Durán y Franklin Samaniego, quienes lideraron la acusación contra el ahora destituido y censurado presidente del Consejo de la Judicatura.

En su argumentación señalaron que Godoy habría ejercido presuntas presiones a jueces en casos de alto perfil, particularmente al juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció intentos de intervención en procesos penales.

Serrano también afirmó que, tras recibir amenazas, no contó con el respaldo suficiente de la Judicatura y que esa situación lo obligó a salir del país por motivos de seguridad.

Durante la sustanciación del proceso surgieron cuestionamientos hacia la Comisión de Fiscalización por un presunto trato favorable a Godoy, especialmente por permitir que fuera defendido por un abogado, pese a que, según los legisladores proponentes, al tratarse de un juicio político y no penal, ese procedimiento no correspondía.

Superada la fase de presentación de pruebas y testimonios, una de las comparecencias más relevantes fue la del propio Carlos Serrano, quien aseguró que Godoy conocía su situación de vulnerabilidad y, aun así, no habría adoptado las medidas necesarias para precautelar su integridad y garantizar su protección.

La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad un informe que recomendaba la sustanciación del juicio político por la causal de “manifiesta inoperancia”, prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial, con elementos probatorios referidos a la falta de respuestas institucionales frente a amenazas y presuntas presiones direccionadas a fallos judiciales.

En paralelo, también se registró el apoyo de otras fuerzas como Acción Democrática Nacional (ADN), Pachakutik, el Partido Social Cristiano y legisladores independientes, que contribuyeron a consolidar una mayoría en la Asamblea a favor de la acción contra Godoy.

Horas antes de que la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional se instalara en febrero de 2026, Godoy presentó su renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, alegando que su gestión había estado comprometida con la institucionalidad y denunciando que intereses políticos buscaban interferir en las reformas planificadas.

A pesar de la renuncia, la Asamblea decidió continuar con el juicio político, argumentando que la renuncia no extinguía la responsabilidad política ni impedía que el Pleno emitiera un pronunciamiento definitivo sobre su gestión.

El 18 de febrero de 2026, Godoy no asistió al Pleno de la Asamblea y esta aprobó la censura y destitución del ahora expresidente del Consejo de la Judicatura con 148 votos a favor y una abstención, al considerar que su actuación fue insuficiente para garantizar la protección de jueces y operadores judiciales, así como para promover la transparencia y la independencia institucional.

Además de la destitución, la Asamblea determinó que Godoy quedara inhabilitado para ejercer cargos públicos durante dos años.

Una de las últimas polémicas que ha marcado a la Judicatura es la designación de Damián Larco como presidente temporal del organismo.

La controversia surgió porque, según el orden de sucesión, la vocal suplente que debía reemplazar a Godoy era Alexandra Villacís. No obstante, consejeros de la Judicatura señalaron que Villacís tendría un impedimento para ejercer cargos públicos.

Ella, por su parte, ha desmentido públicamente esa afirmación y ha sostenido que no existe ninguna inhabilidad legal que le impida asumir el cargo. (I)

Fuente: evafm.net ecuavisa.com