En los últimos cinco años, cuatro alcaldes en Ecuador han sido señalados por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, distribución ilegal de combustible y delincuencia organizada.

Dos de ellos enfrentan procesos penales y tienen prisión preventiva en su contra.

El más reciente en ser sacusado es Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. La Fiscalía y la Policía allanaron su despacho y dos viviendas la madrugada del 17 de marzo de 2026, en el marco de

una investigación previa por presunto enriquecimiento ilícito.

 

El mismo alcalde Zamora publicó un video explicando las causas de la investigación.

Según Zamora, es por tres movimientos en su cuenta bancaria que dieron un total de USD 80 000 en cinco años, que supuestamente no tendrían justificación.

Uno de esos rubros -dijo- es sobre devoluciones de sueldo que presuntamente no se sustentaron correctamente.

Según la investigación previa, los depósitos habrían sido realizados por personas que no pertenecían a las empresas de Zamora.

 

El segundo movimiento bancario corresponderían a préstamos familiares. Zamora aseguró que “eran lo más normal del mundo”.

El tercer rubro sería de depósitos por préstamos realizados por su padre a su empresa, que según Zamora, se hicieron para financiar su operación.

Además recalcó que los valores investigados fueron presentados antes que llegara a la Alcaldía de Cuenca.

 

El alcalde con más procesos penales en su contra es el de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Él tiene tres investigaciones: la primera es el denominado caso Triple A, por el delito

de comercialización ilegal de combustible.

Posteriormente, la Fiscalía allanó propiedades familiares de Álvarez en una investigación previa por asociación ilícita. Meses después, fue detenido en el marco del caso Goleada,

por delincuencia organizada. Sus hermanos y un primo, también fueron procesados en esa causa.

 

A la par, fue acusado por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Esto porque cuando fue detenido no portaba el grillete electrónico.

La Fiscalía se basó en un informe policial y del SNAI sobre las irregularidades y alertas que generó el dispositivo.

Álvarez no es el único alcalde detenido. En agosto de 2025, la Fiscalía formuló cargos contra el alcalde de Pujilí José Arroyo por presunto peculado en el marco del caso Ornato Municipal.

Un juez dictó prisión preventiva y dispuso que fuera enviado a la casa de Confianza de Chillogallo, en el sur de Quito, para cumplir con la disposición.

Con el alcalde Arroyo fueron detenidos 17 personas más.

Según la Fiscalía, el delito se habría configurado por algunos contratos públicos en la compra de palmeras y otras obras en ese cantón de Pujilí. Ecuavisa.com constató en el sistema del Sercop

que cuatro de los sospechosos tenían contratos adjudicados en el Municipio de Pujilí.

 

En Quito también han habido autoridades acusadas de delitos. Una de ellas es el alcalde Pabel Muñoz.

En enero de 2026, un concejal lo denunció por presunto peculado.

Según el edil, hay irregularidades en la compra de trolebuses eléctricos para la capital.

Así mismo, el exalcalde Jorge Yunda había sido procesado en 2021 por presunto peculado en la compra de 100 mil pruebas COVID en la época de la pandemia.

En septiembre de 2025, se resolvió el caso y fue declarado inocente.

Otras autoridades de gobiernos autónomos descentralizados señalados, es la prefecta de Pichincha Paola Pabón.

Ella fue procesada por rebelión tras las manifestaciones de 2019.

Allanamientos contra alcaldes, ¿persecución política?

Los alcaldes señalados como Álvarez y Zamora, así como sus coidearios, han atribuido los procesos penales como una persecución política.

Pero, ¿constituyen los allanamientos en su contra algo relacionado al escenario político?

Para la analista política Irene Téllez, hay tres factores simultáneos respecto a la situación jurídica de los alcaldes: constitucional, judicial y fiscal – político.

Comentó que en la parte penal, hay una presión sobre las figuras de oposición al Gobierno Central.

Téllez agregó que en plano fiscal-político, hay presión de la Asamblea y el Ejecutivo, sobre todo en el tema del presupuesto local y las reformas del Cootad.

Según la analista, la combinación de esos factores generan un entorno de vulnerabilidad e incertidumbre política – institucional.

 

La especialista considera que como la Constitución reconoce que los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera, cualquier intervención

desde el Gobierno debe leerse bajo estándares de proporcionalidad, legalidad y respecto a la descentralización.

Para Téllez, con los elementos que han visto en los casos públicos, hay un control selectivo sobre los alcaldes

. “Yo creo que hay un patrón en los allanamientos, en acores identificados como opositores o críticos del régimen”, puntualizó.

Manifestó además que hay que se debe evaluar el principio de igualdad ante la ley y si hay o no un exceso sobre el uso de la prisión preventiva u otras medidas alternativas.(I)

Fuente: evafm.net – ecuavisa.com