El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez, y ocho personas más fueron detenidas este martes 10 de febrero en Guayaquil, en el marco del caso Goleada, que investiga un presunto delito de delincuencia organizada con el fin de lavado de activos y defraudación tributaria, según indicó la Fiscalía General del Estado.

Los once detenidos están siendo trasladados a Quito donde enfrentarán la audiencia de formulación de cargos.

Álvarez fue trasladado desde Guayaquil hacia Quito para la audiencia de formulación de cargos en su contra.

La Fiscalía detalló que Álvarez no contaba con grillete electrónico, una medida cautelar dispuesta dentro del caso Triple A, donde se investiga la presunta comercialización de hidrocarburos.

Precisamente, el caso Goleada no es la única investigación en su contra que enfrenta Álvarez.

Judicialmente, Álvarez está procesado por presunta comercialización de hidrocarburos y ahora, a la espera de formulación de cargos por supuesta delincuencia organizada.

 

Además, la Fiscalía allanó propiedades vinculadas a él y a su familia en el marco de una investigación por lavado de activos. A continuación, un recuento de los señalamientos judiciales contra Álvarez.

El caso Triple A y allanamientos por presunto lavado de activos.

En julio de 2024 inició el denominado caso Triple A tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que detectó supuestas irregularidades como ventas superiores a la capacidad de almacenamiento de combustible en las estaciones de servicio y presunta exportación ilegal de combustible subsidiado.

Ese mes se ejecutaron allanamientos en gasolineras y compañías. Una de ellas estaba relacionada a Aquiles Álvarez. Sin embargo, inicialmente él no fue detenido.

Meses después de esos allanamientos, hubo otros más y se pidió fecha para vincularlo al proceso.

Actualmente, hay 16 personas naturales y seis empresas investigadas.

Según la teoría fiscal, habría un perjuicio económico de más de USD 61 millones correspondiente a casi 23 millones de galones de combustible, entre diésel y gasolina.

La entidad -en ese entonces- sostuvo que la denuncia de la ARCH señalaba a comercializadoras y estaciones de servicio, por irregularidades en el volumen de combustible despachado y el facturado, principalmente de diésel subsidiado.

Los procesados habrían establecido relaciones comerciales entre empresas involucradas, que ofertaban el combustible a gasolineras de cantones fronterizos y mineros.

En la audiencia de vinculación contra Aquiles Álvarez, la Fiscalía argumentó que entre las cláusulas de los contratos para el abastecimiento de combustibles firmados con Petroecuador y Álvarez, en calidad de represente legal de las comercializadoras, se detallaba que entre las obligaciones está «verificar que los distribuidores de su red no desvíen el combustible entregado por Petroecuador dentro y fuera del territorio nacional».

Supuestamente, las comercializadoras distribuyeron el combustible sin supervisar que se que se vendía ilegalmente.

Actualmente ese caso se encuentra en etapa de juicio. Llegar a esa instancia ha tomado más de un año y tres meses.

Esto por los constantes permisos médicos de jueces, abogados de procesados, ausencias de la Fiscalía y hasta un recurso judicial.

 

La audiencia de juicio fijada para el 31 de enero de 2026, se suspendió. Aún se desconoce la fecha de la nueva diligencia.

Entre ese caso y el Goleada, la Fiscalía también anunció una investigación por presunto lavado de activos contra seis personas y cinco empresas.

Los allanamientos fueron en octubre de 2025, en las propiedades de la familia Álvarez.

 

En esa investigación -por la que aún no se han formulado cargos- la Fiscalía sostuvo que los sospechosos de un mismo círculo familiar supuestamente se transfirieron entre sí acciones y bienes con el fin de ocultar la identidad de los accionistas y un patrimonio supuestamente de origen ilícito.

La Fiscalía detalló que dichas transferencias habrían superado los USD 3,5 millones. Y que otra compañía adquirió bienes por más de USD 4 millones.

Por esa investigación, el 14 de enero Aquiles Álvarez viajó a Quito para rendir su versión.

«Para la Fiscalía soy un gran lavador de activos», declaró Álvarez.

Según el alcalde, la propia fiscal a cargo de ese caso no ha justificado el inicio del proceso

. «Se lo pregunté y dejé claro en mi versión que quería el ROI (Reporte de Operaciones Inusuales), donde supuestamente mis empresas y yo tenemos operaciones inusuales.

No me lo quiso entregar», mencionó.

Ahora en febrero, salió a la luz el caso Goleada.

El abogado de Álvarez, Ramiro García, se trasladó a Quito para la audiencia de formulación.

Señaló que la investigación se referiría a “los mismos hechos del caso Triple A”, y aclaró que su cliente sigue usando el grillete electrónico.

¿Por qué Aquiles Álvarez fue detenido en el caso Goleada y no Triple A?

Los allanamientos del caso Triple A empezaron en julio de 2024 y hubo cinco detenidos inicialmente. Meses después, la Fiscalía pidió fecha para formular cargos contra Aquiles Álvarez y más implicados.

Cuando se realizó esa diligencia, el juez dictó otras medidas: el uso del grillete electrónico.

Pero ahora en febrero de 2026 con el caso Goleada, la Fiscalía directamente allanó la vivienda de Álvarez y lo detuvo con fines de formulación de cargos. Por eso él fue trasladado hasta Quito para la diligencia.

El abogado penalista Julio César Cueva explicó a Ecuavisa.com que la Fiscalía puede allanar las veces que crea necesaria en las etapas de investigación previa.

Detalló que el caso Goleada se encontraba en indagación previa y que en un primer momento, la Fiscalía probablemente hizo allanamientos para obtener elementos.

Posteriormente, con lo recabado consideró (la Fiscalía) que sí hay elementos para formular cargos y a su criterio, ejecutó más allanamientos para conseguir más evidencias y detenerlo para formular cargos en su contra.

Según Cueva, cuando la fiscalía ejecuta órdenes de allanamientos para formular cargo es “porque pedirá prisión preventiva”. Indicó que se puede formular cargos sin necesidad de que el implicado esté presente, pero si busca su comparecencia es para pedir la prisión.

El jurista agregó que la Fiscalía puede tener elementos de prueba y alegar si existe un riesgo de fuga.

Respecto al tema del grillete electrónico que tiene Álvarez, el que supuestamente se lo haya quitado puede constituir un elemento para solicitar la prisión, según Cueva.

Justamente en el marco del caso Triple A -donde Álvarez tenía la medida cautelar de grillete electrónico- la Fiscalía pidió fecha para la revisión de medidas.

Cueva indicó también, que Álvarez podría ser acusado de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.(I)

 

Fuente: evafm.net – ecuavisa.com