La presunta canalización de fondos ilícitos mediante préstamos a Barcelona Sporting Club (BSC) por más de dos millones de dólares fue uno de los argumentos que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar nuevamente la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; sus hermanos, Antonio y Javier Álvarez; así como de César Bravo y Fernando Peñaherrera, en el caso Goleada.
Según la FGE, los préstamos, que oscilaban entre 300 000 y 600 000 dólares, se habrían realizado mediante cheques emitidos a favor del Fideicomiso Socios B.S.C.
La hipótesis del Ministerio Público señala que esos recursos provenían de las ganancias obtenidas por un presunto contrabando de combustibles subsidiados mediante la red de estaciones de servicio y empresas vinculadas a la familia Álvarez.
Los hermanos Álvarez han mantenido una estrecha relación con la dirigencia de BSC desde al menos 2016.
Aquiles Álvarez se desempeñó como vicepresidente de la institución antes de postularse a la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones de 2023.
Tras su salida del club, Antonio Álvarez asumió la presidencia del equipo torero en 2024, mientras que Javier Álvarez también pasó a integrar la directiva del club desde ese mismo año.
En mayo de 2025, el club amarillo presentó el informe económico de la temporada 2024, bajo el mando de Antonio Álvarez.
Entre la novedades, se mencionó que BSC mantenía un compromiso económico con Ternape Petroleum S. A., empresa procesada en los casos Triple A y Goleada.
Otros motivos de la Fiscalía.
La FGE también sustentó su pedido de prisión preventiva en un presunto incremento patrimonial de varias empresas relacionadas con los procesados.
Según la institución, entre 2021 y 2023 se realizaron aumentos de capital por varios millones de dólares en compañías como
Ternape S.A., Corpalubri S.A., Copedesa S.A. e Inmobiliaria Álvarez H. S.A., operaciones que habrían sido autorizadas por Aquiles y Antonio Álvarez.
Además, el Ministerio Público señaló que, tras la denuncia pública del caso Triple A en julio de 2024, los procesados habrían transferido de forma acelerada paquetes accionarios a familiares y modificado las representaciones legales de algunas empresas, con el presunto propósito de ocultar patrimonio y dificultar su rastreo.
Como parte de los fundamentos de su solicitud, la Fiscalía también incorporó el testimonio anticipado del denunciante del caso, José Ceballos.
Nuevamente a prisión.
El juez anticorrupción Jairo García aceptó este lunes 6 de julio los argumentos de la FGE y volvió a dictar prisión preventiva para los Álvarez, César Bravo y Fernando Peñaherrera.
Antonio y Xavier Álvarez, así como Bravo y Peñaherrera, habían salido de la cárcel el 2 de abril de 2026, luego de que un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la prisión preventiva que pesaba sobre ellos.
La decisión también alcanzó al alcalde de Guayaquil, pero ha permanecido recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, debido a que sobre él ya recaían otras dos órdenes de prisión preventiva: una por el caso Triple A y otra por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
¿Qué es el caso Goleada?
El caso Goleada comenzó el 11 de febrero, cuando la Fiscalía formuló cargos por presunta delincuencia organizada, tras la detención de los tres hermanos Álvarez y otras ocho personas.
Posteriormente, el 27 de marzo, fue vinculado al proceso el asambleísta Raúl Chávez, de la organización política RETO, señalado además como comisionista de las empresas de la familia Álvarez.
El 14 de mayo, la Fiscalía reformuló los cargos por el presunto delito de lavado de activos, acogiendo el criterio del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
Dos semanas después, el 29 de mayo, se produjo una segunda vinculación que incorporó al proceso a la esposa y la madre del alcalde, dos de sus primos, la contadora de las empresas y nueve personas jurídicas.
El próximo 16 de julio arrancará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro de este proceso. (I)
Fuente: evafm.net – ecuavisa.com
