La tensión del gobierno de Daniel Noboa con la Corte Constitucional ha subido de tono en los últimos días.

El 4 de agosto, el tribunal admitió a trámite las demandas de inconstitucionalidad a las leyes impulsadas por el Presidente, a la par que suspendió la aplicación de ciertos artículos.

Ayer, en cambio, Noboa presentó siete leyes para consulta popular y entre ellas incluyó una reforma para que los jueces de la CC sean sujetos de control político.

 

Se trata de la pregunta número seis de un paquete de siete.

¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución

de conformidad con el Anexo de la pregunta?

El gobierno no ha difundido el contenido del anexo, ni ha informado cuándo iniciará el trámite formal para convocar a consulta, pero los planteamientos ya han generado reacciones.

Las voces en contra del control político a jueces de la Corte Constitucional.

El exministro de Gobierno y exasambleísta, Henry Cucalón, cree que el planteamiento de Noboa es un despropósito.

Explica que el sistema de justicia debe tener garantías de independencia, porque las resoluciones que toman los jueces tienen carácter y sustento jurídico y no político, a diferencia de

otras autoridades como los ministros, cuya actuación tiene una dimensión política.

Cree que dar paso a que los jueces de la Corte Constitucional estén expuestos al escrutinio de la Asamblea hace que entren en una dinámica partidaria, además de que pone en riesgo

que sus decisiones sean objetivas e imparciales.

 

«Quieren poner en práctica una cacería de jueces que no se alineen al poder de turno», indicó Cucalón en entrevista con Ecuavisa.com.

El exministro indica que el control no se justifica bajo ningún parámetro, incluso si la Corte Constitucional no tuviera las credenciales de institucionalidad.

El exjuez de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, considera que es un grave error y un retroceso al siglo XIX.

Califica a la propuesta como antidemocrática y autoritarismo. Explica que no cabe que ningún juez responda en términos políticos.

 

«No es que los jueces no tienen responsabilidad alguna (…) todos estamos sujetos a responsabilidad por nuestros actos», indica Salgado.

En complemento, Cucalón explica que los jueces de la Corte Constitucional están sujetos a obligaciones penales, civiles y administrativas.

 

La abogada constitucionalista Daniela Erazo dice que la Carta Magna está construida bajo la premisa de que la Corte sea un organismo alejado de las demás funciones del Estado

para que ejerza el rol de guardián de la Constitución. Explica que esa independencia ha sido destacada por la Corte Interamericana.

Recuerda que en 1998 estaba contemplada una figura que permitía el juicio político a los jueces, sin embargo, fue eliminada. Por eso, considera que podría considerarse una regresión

de derechos.

El oficialismo tiene la bendición del correísmo en esa propuesta.

Las voces a favor de la propuesta de Noboa vienen de los asambleístas que integran las filas del oficialismo, así como del expresidente Rafael Correa.

El legislador Esteban Torres considera que los jueces de la CC son los únicos funcionarios que no están sometidos a controles.

«Ha habido decisiones lamentables en el pasado como la de revivir un pedido de consulta en el tema del Yasuní, que liquidó al país económicamente», dijo.

Mientras que Correa hizo una publicación en X mostrando su postura ante las propuestas de Noboa.

Dijo que una Corte Constitucional «intocable responde a democracias más maduras».

Añadió que «​desde que -con el Trujillato- ilegalmente reemplazaron a la CC, este organismo se ha prestado para cualquier cosa».

La propuesta de Noboa, en manos de la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional tiene que revisar las preguntas propuestas por el Presidente y emitir un pronunciamiento sobre la vía adecuada, es decir, si se trata de una enmienda o una

reforma parcial.

 

Si determina que el camino adecuado para el control político de los jueces es el segundo, lo más probable es que no alcance a incluirse en la consulta popular de 2025, porque previamente

debería ser tramitada por la Asamblea Nacional. Eso es lo que advierten los expertos.(I)

Fuente: evafm.net – ecuavisa.com