El destino del expresidente de Brasil, Lula Da Silva, se conocerá el próximo 26 de marzo

El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) de Brasil, que condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) a 12 años y un mes de prisión por presuntos delitos de corrupción, decidirá el próximo lunes sobre el recurso presentado por sus abogados.

En un comunicado, el tribunal informó que convocó una «sesión extraordinaria» el 26 de marzo a las 14.30 horas (16.30 GMT) en el que decidirán sobre el recurso de «embargo de declaración».

Después de que los jueces del TRF-4 decidan sobre este recurso, se inicia el periodo en el que Lula podría ser enviado a prisión, ya que la legislación brasileña establece que un condenado en segunda instancia puede empezar a cumplir condena aunque no se hayan resuelto recursos en instancias superiores.

Tras ser condenado por el TRF-4, la defensa del exmandatario presentó un recurso de «embargo de declaración», que no permite modificar o anular la pena, porque los jueces fueron unánimes, pero sí ganar algo de tiempo.

En paralelo también presentaron recursos de «habeas corpus» (derecho a exigir evaluación sobre legalidad de un arresto) en las dos instancias superiores: el Tribunal Superior de Justicia de Brasil (TSJ) y el Tribunal Supremo Federal (TSF), pero el primero de ellos ya lo descartó.

En el Supremo, expresión máxima del poder judicial en Brasil, la presión crece en los últimos días para que se modifique el contexto legal que permite que condenados entren a la cárcel con una condena en segunda instancia.

Algunos magistrados quieren reconsiderar la decisión que el tribunal tomó dos años atrás y establecer que el condenado sólo pueda entrar en prisión cuando se agoten todos los recursos en instancias superiores (decisión que beneficiaría a Lula, porque el Supremo suele tardar incluso años en pronunciarse).

Sin embargo, la situación parece difícil de cambiar, dado que la única que tiene potestad para llevar el tema a votación en el plenario es la presidenta del Supremo, Carmen Lúcia Antunes, que en declaraciones públicas recientes ha dicho que no se someterá a ningún tipo de presión.

En los últimos días, grupos ligados a la derecha brasileña lanzaron en las redes la campaña «Carmen Lúcia Resiste» para que la presidenta del Supremo no ceda a las presiones y mantenga la decisión tal cual está, desfavorable a los intereses de Lula.

Si el Supremo no revisa su decisión a última hora a partir del próximo 26 de marzo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) podría ser enviado a prisión en cualquier momento. Lula fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por presuntamente haber recibido un apartamento de lujo de manos de la empresa constructora OAS, una de las involucradas en la trama corrupta de Petrobras.

El expresidente niega todas las acusaciones, asegura que fue condenado sin pruebas y que es víctima de una persecución judicial y mediática que pretende evitar que vuelva al poder. Lula es el precandidato del PT a la presidencia en las elecciones de octubre y aparece como favorito en todas las encuestas.

Su partido niega públicamente que cuente con una alternativa en caso de que el exmandatario sea enviado a prisión y no pueda concurrir a la cita electoral y desde hace meses impulsa la campaña «Elecciones sin Lula son un fraude».

En estos días Lula realiza una caravana por los estados del sur de Brasil para recabar apoyos; el próximo 27 de marzo termina su viaje en la ciudad de Curitiba (estado de Paraná, sur). La ciudad concentra las investigaciones de la Operación Lava Jato que lidera el juez Sérgio Moro, que condenó a Lula inicialmente y contra el que el expresidente arremete casi a diario por perseguirle de forma injusta.

Fuente: hsbnoticias.com