La reforma al sistema penitenciario que establece el trabajo obligatorio para personas privadas de libertad marca un giro en la forma en que funcionan las cárceles en Ecuador.

La propuesta busca reducir la violencia interna y, al mismo tiempo, construir un modelo enfocado en la rehabilitación y la reinserción social, o al menos esa es la propuesta que plantea

la ley, pero el plan de cómo se ejecutará aún no está definido.

Según datos del SNAI, actualmente existen 36 454 internos en el país, y para 2026 se proyecta un presupuesto de USD 140 millones destinado a fortalecer infraestructura, implementar

talleres y desarrollar programas productivos.

El asambleísta Andrés Castillo, consultado por Ecuavisa.com, es uno de los impulsores de la norma, Explicó que la medida tiene un doble propósito. Por un lado, apunta a la rehabilitación

ya que los internos podrán aprender un oficio.

Por otro, busca que los recursos que se generen se reinviertan en alimentación, manutención y mantenimiento de los centros penitenciarios.

El legislador insistió en que el eje principal es formativo, con el objetivo de que las personas privadas de libertad puedan reinsertarse en la sociedad una vez que cumplan sus penas.

La ley fija un plazo máximo de 36 meses para implementar completamente el sistema de trabajo dentro de las cárceles.

Durante ese tiempo, el SNAI deberá organizar talleres, capacitar al personal penitenciario y reubicar a los internos según su nivel de seguridad.

Este punto es clave, porque la clasificación entre cárceles de máxima, mediana y mínima seguridad permitirá evitar riesgos dentro de los espacios de trabajo y mantener el control en los talleres.

 

El trabajo será obligatorio, pero no se aplicará de forma uniforme. 

La asignación dependerá del nivel de peligrosidad, la edad y las condiciones de cada interno.

Las personas de la tercera edad o con situaciones especiales podrán acceder a modalidades adaptadas o a medidas alternativas como el arresto domiciliario.

Entre las actividades previstas están la metalmecánica, carpintería, sastrería, corte y confección, peluquería, plomería, albañilería, agricultura, reciclaje y mantenimiento general.

Uno de los puntos que más se destaca es que los propios internos se encargarán de reparar y mantener las cárceles.

Con esto, el Estado busca reducir la contratación de empresas externas y, al mismo tiempo, generar experiencia práctica en oficios.

Castillo fue claro en este aspecto, el sistema no está diseñado para generar ganancias, sino para construir un proceso real de rehabilitación.

En cuanto al manejo de los recursos, la ley establece que los ingresos de los talleres no se entregarán directamente a los internos. 

El dinero se destinará a cubrir alimentación, manutención, reparación de infraestructura, funcionamiento de los talleres y programas de capacitación.

“El trabajo no es por dinero, es por rehabilitación”, señaló el legislador, al aclarar que cualquier excedente no será el incentivo principal del sistema.
La seguridad es otro de los ejes centrales de la reforma.

 

El plan incluye capacitación para guías penitenciarios, fortalecimiento de la carrera dentro del SNAI, incorporación de policías y militares, uso de armamento reglamentado y sanciones

para el personal que incumpla las normas. La meta es evitar que los talleres se conviertan en espacios de riesgo o de conflicto entre internos de distintos niveles de peligrosidad.

¿Cómo funciona el trabajo penitenciario en más países?

El modelo no es nuevo. En varios países, el trabajo dentro de las cárceles forma parte del sistema penitenciario, aunque con enfoques distintos y resultados también diferentes.

En Estados Unidos, el trabajo es una pieza estructural del sistema. Los internos realizan tareas de limpieza, cocina, mantenimiento, agricultura y producción industrial.

En algunos casos, existen convenios con empresas privadas. El pago es bajo y suele utilizarse para cubrir gastos dentro de la cárcel.

El objetivo principal no es la reinserción, sino mantener el orden, la disciplina y reducir costos del sistema.

 

En Europa y Asia, el enfoque cambia. En países como Alemania y Japón, el trabajo tiene un componente más formativo.

Los internos participan en talleres de carpintería, metal, imprenta o manufactura. En Japón, incluso, parte del dinero se guarda para cuando recuperen su libertad.

Aquí la lógica es clara: que salgan con habilidades reales para incorporarse al mercado laboral.

En América Latina, el sistema es más flexible.

En Brasil y México, el trabajo suele ser voluntario y está ligado a beneficios como la reducción de penas o la capacitación.

Sin embargo, estos modelos enfrentan limitaciones por falta de infraestructura y recursos, lo que reduce su alcance.

En contraste, China aplica un modelo más rígido, donde el trabajo está vinculado a procesos de producción y reeducación.

Este sistema ha sido cuestionado por organismos internacionales por posibles vulneraciones de derechos.

 

Frente a estos modelos, Ecuador plantea un sistema propio. El trabajo será obligatorio, como en Estados Unidos, Alemania o Japón, pero el enfoque oficial apunta a la rehabilitación, no a la producción ni a la generación de ingresos.

A diferencia del modelo estadounidense, no se plantea una participación directa de empresas privadas ni una lógica de mercado. Los talleres serán internos y los recursos se reinvertirán en el propio sistema penitenciario.

Al mismo tiempo, el país intenta acercarse al enfoque de Alemania y Japón en cuanto a la formación de oficios, aunque con una diferencia clave:

Ecuador aún debe construir la infraestructura, los procesos de capacitación y el control que esos países han desarrollado durante años.

En comparación con América Latina, el modelo ecuatoriano busca ser más estructurado y obligatorio, dejando de lado la voluntariedad y apostando por una cobertura total dentro del sistema penitenciario.

La reforma ha generado debate, especialmente por el riesgo de que el trabajo obligatorio se convierta en trabajo forzado.

Frente a esto, Castillo aseguró que la norma respeta la Constitución y mantiene un enfoque de rehabilitación.

Insistió en que actualmente no existen suficientes actividades productivas, culturales ni académicas dentro de las cárceles, y que esta ley busca llenar ese vacío.

Sin embargo, el desafío no está solo en la norma, sino en su aplicación.

El éxito dependerá de factores concretos como la correcta implementación de talleres, la clasificación adecuada de los internos, la capacitación del personal penitenciario y la garantía de condiciones dignas de trabajo.

También será clave medir resultados.

La reducción de la violencia dentro de las cárceles, la disminución de la reincidencia y la capacidad de los internos para insertarse en el mercado laboral serán los indicadores que marcarán si el sistema funciona.

En medio de la crisis penitenciaria que enfrenta el país, el trabajo carcelario aparece como una de las principales apuestas para cambiar la dinámica dentro de los centros de privación de libertad.

El reto ahora es claro: pasar del papel a la práctica y sostener un modelo que logre equilibrar seguridad, formación y respeto a los derechos humanos. (I)

Fuente: evafm.net – ecuavisa.com