El grillete, un beneficio sin garantía
Las puertas de la libertad se abrieron pasadas las 20:00 del 28 de julio. Kelvi y Andrea tenían una nueva oportunidad para resarcir su error ante la sociedad.
La falta de las evidencias (cuchillo) que supuestamente habían utilizado para cometer un robo, los mandó otra vez a la calle.
Para garantizar su presencia en el proceso que de todas formas debían enfrentar, la justicia dispuso que se presenten todos los lunes ante el juez.
Adicionalmente, el joven de 20 años debía utilizar un dispositivo electrónico en su tobillo.
Cuarenta y ocho horas después, la pareja regresó ante la justicia. Pero no para cumplir con la disposición judicial. Ambos fueron nuevamente detenidos, por el mismo delito: robo.
El grillete no había detenido a Kelvi en sus andanzas por las calles de Quito.
Desde la implementación del dispositivo (enero de 2016), el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos registra a 2.862 personas con la colocación del brazalete electrónico o tobillera.
En gran parte, como medida cautelar y sustitutiva a la prisión preventiva por un delito, o en libertad condicional a quienes cumplen una sentencia.
El 58 % corresponde al régimen penitenciario y el 39 % a procesados por flagrancia (revisar el gráfico).
Del 19 de abril al 1 de agosto del presente año, unos 73 portadores del dispositivo que enfrentan un proceso penal en la Zona 8 (comprende Guayaquil, Durán y Samborondón) han cometido una nueva infracción (delito), según Justicia.
La colocación de la tobillera está contemplada en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se puede aplicar en todos los delitos.
No hay límites, aclara un juez penitenciario.
Desde 2017 hasta finales de julio de 2018, el Comando de la Policía de la Zona 8 registra 1.104 personas privadas de la libertad (ppl) con grilletes.
El 73 %, por tráfico de drogas, porte de armas, delincuencia organizada, contra la propiedad privada y la vida.
Y 125 de ellas registran dos y tres detenciones. El 50 % por robo.
La Unidad Antinarcóticos de la Zona 8 reveló esta semana que 9 personas han sido detenidas nuevamente este año, portando el dispositivo.
Todas, por microtráfico. El último caso fue el de Felipe.
La policía lo detuvo con 15 paquetitos de H.
Los vendía desde su domicilio, en Durán, provincia de Guayas.
El hombre portaba un dispositivo electrónico en su tobillo, por un anterior proceso de robo.
“A cada persona que ha sido detenida con grillete se la ha encontrado con sustancias sujetas a fiscalización, en sus domicilios o en los lugares donde han estado expendiendo”, detalla el coronel Edwin Noguera, jefe de Antinarcóticos Zona 8.
Aunque la institución prefiere no confrontar el tema, sí se observa el malestar. “Seguiremos como policías deteniendo las veces que sea”, advierte el oficial.
Pero espera que las demás instituciones encargadas de administrar justicia realicen su trabajo, para evitar ver a quienes han sido judicializados, cometer otra vez delitos en las calles.
“Afortunadamente se están estableciendo reuniones para articular este tipo de procedimientos, con la finalidad de que, en forma integrada, tanto la Fiscalía, la Judicatura, como las autoridades competentes veamos cuál es la mejor opción para no afectar a la ciudadanía”, señala.
La exasambleísta Gina Godoy, coordinadora zonal del Ministerio de Justicia, aclara que como institución no pueden decirle a la Función Judicial lo que tiene que hacer.
“Cuando un juez dispone la instalación de un dispositivo en un infractor, hace una serie de valoraciones y motivaciones que las anota en sus fallos… Eso es el arraigo social, porque además la infracción cometida no provoca mayor conmoción social”, explica, y aclara algo importante: la tobillera es solo de geoposicionamiento.
“No es un ojo que permite identificar cuál es el comportamiento o actividad del portador del dispositivo… El sistema no sirve para eso porque no es una cámara”.
Para los beneficiados con libre circulación (1.107) no hay restricción. Al juez le toca señalar hasta dónde debe andar. Sin embargo, quien porte el grillete no puede acercarse a puertos, aeropuertos y frontera.
El control a escala nacional se lo realiza desde el ECU-911 en tres puntos: Quito, Guayaquil y Cuenca, a través de un mapa del Ecuador en pantalla y con el distintivo del semáforo. El verde indica que todo está bajo control. El amarillo genera una alerta, ya sea porque se ha agotado la batería. Y el rojo advierte una intervención inmediata.
Un nuevo proceso por incumplimiento
El incumplimiento de una disposición emitida por una autoridad judicial (juez) termina con la medida.
En este caso, el procesado que ha sido beneficiado con la colocación de la tobillera electrónica y comete un nuevo delito y es detenido, se enfrentará a un nuevo proceso penal.
Gina Godoy explica que en ese caso se procede a retirar el dispositivo y se lo lleva a la cárcel, para que cumpla la prisión o el resto de la sentencia, en caso de régimen penitenciario.
Pero ahí no termina todo. El artículo 282 del COIP dispone que la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente, será sancionada con entre uno y tres años de cárcel.
Esta vez, explica la funcionaria, es la Función Judicial la entidad que sigue el proceso por ese incumplimiento.
Fuente: expreso.ec
