La fiscal Lidia Sarabia, a cargo del proceso penal contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otras dos personas, advirtió este jueves 30 de julio al fiscal general del Estado subrogante, Carlos Alarcón, que la causa está próxima a prescribir, luego de casi seis años de trámite sin que exista una sentencia.
En un oficio dirigido a la máxima autoridad de la Fiscalía, Sarabia alertó que «hasta la fecha no se pronuncia sentencia y que la acción penal respecto de Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram está por prescribir». Recordó además que formuló cargos contra el exmandatario en agosto de 2020 y que su hijo fue vinculado al proceso un mes después.
La fiscal señaló que ya había informado anteriormente sobre el riesgo de prescripción, pero volvió a poner el hecho en conocimiento de las autoridades debido a la proximidad del vencimiento de la acción penal.
«Desconociendo el estado de los documentos que oportunamente he informado a las autoridades, nuevamente comparezco y procedo a poner en conocimiento debido, toda vez que el ejercicio público de la acción prescribe en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad prevista en el tipo penal, contado desde que el delito es cometido. Los hechos, de acuerdo con la teoría del caso de Fiscalía, fueron cometidos entre marzo y agosto de 2020», señala el oficio.
El proceso.
Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram y otros dos procesados enfrentan un juicio por el presunto delito de delincuencia organizada, a raíz de la supuesta comercialización irregular de 21 000 pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
La Fiscalía sostiene que los procesados colaboraron con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos mediante la venta de pruebas diagnósticas, mascarillas y otros insumos sin facturación ni pago de impuestos.
Según la acusación, dos ciudadanos israelíes —uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral— habrían sido los encargados de trasladar las pruebas, bajo custodia de agentes de tránsito, hasta la vivienda del expresidente Bucaram, donde también se almacenaron mascarillas y lancetas para la toma de muestras.
El Ministerio Público también sostiene que Jacobo Bucaram pagó USD 321 600 en efectivo por la mercadería, de acuerdo con el testimonio rendido por uno de los ciudadanos israelíes antes de ser asesinado.
La investigación añade que algunos de los implicados se hacían pasar por miembros del cuerpo diplomático y de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para movilizar los insumos sin levantar sospechas.
Juicio pendiente de sentencia.
La Fiscalía acusa a Abdalá y Jacobo Bucaram del delito de delincuencia organizada, en la modalidad de colaboración, cuya pena oscila entre cinco y siete años de prisión, y ha solicitado una sentencia condenatoria para los procesados.
El juicio comenzó el 11 de abril de 2025, luego de varios diferimientos registrados desde 2022. La audiencia fue suspendida en distintas ocasiones y será reinstalada el próximo 3 de agosto de 2026, fecha en la que se prevé conocer la resolución del Tribunal.
Abdalá Bucaram gobernó Ecuador entre el 10 de agosto de 1996 y el 7 de febrero de 1997. (E)
Fuente: evafm.net – ecuavisa.com
