Jueza Tatiana Ordeñana decidió ya sobre reformas constitucionales

La Corte Constitucional ayer anunció que la jueza Tatiana Ordeñana envió a la Secretaría General del organismo su proyecto de dictamen sobre las cinco preguntas de reforma constitucional planteada por el presidente de la República, Lenín Moreno.

Lo hizo en sobre sellado. La Secretaría debe remitirlo al pleno y con ello corren diez días de plazo para que los otros ocho jueces constitucionales lo conozcan, analicen y se emita un pronunciamiento final.

Las preguntas se refieren a la reelección indefinida, el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son las que más polémica han generado, entre otras.

Justamente en la audiencia que realizó Ordeñana el pasado 15 de noviembre, estas dos preguntas concitaron críticas de los veinte oficialistas que acudieron a la Corte a pedir que no se dé paso. Entre ellos, Marcela Aguiñaga, quien entonces le recordó a Ordeñana que ella y los otros jueces, “que siguen siendo los mismos”, aprobaron la reelección indefinida en un dictamen del 2014.

Luego de esa audiencia la jueza “comunicó a los concurrentes que concede 48 horas para que las partes legitimen sus intervenciones y dio por suspendida la presente diligencia”, reseña el portal de la Corte.

Durante ello no corrían los plazos, por lo que los diez días a término (que solo contemplan días laborales) empezaron el pasado lunes 20. Es decir, su proyecto de dictamen llegó a mitad del plazo que tenía.

Otras dos preguntas

Las otras dos preguntas de la consulta recién este miércoles se someterán a audiencia para que los interesados expongan sus argumentos a favor o en contra.

Esta causa que analiza sobre la eliminación de la Ley de Plusvalía y sobre ampliar la extensión de la zona intangible en el Yasuní ITT la lleva la jueza Marien Segura Reascos.

Para esa audiencia están inscritas doce personas. (I)

Enmiendas
– Sancionar a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación política y la pérdida de sus bienes.

– Para garantizar el principio de alternabilidad, que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea el 3 de diciembre de 2015.

– Reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dar por terminado el periodo de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente evalúe el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo anticipar la terminación de sus periodos.

– Que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes.

– Que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. (I)

Fuente: eluniverso.com

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