La absolución de Espinel provocó polémica judicial
Aunque la primera audiencia en el juicio por lavado de activos que sigue la Fiscalía contra Iván Espinel inicia hoy, César García, abogado del exfuncionario, dice saberse derrotado.
Esto tras que la absolución de su defendido en un juicio por el supuesto delito de peculado, fuera cuestionada por las autoridades de Gobierno, entre ellos la ministra del Interior, María Paula Romo, y la Secretaría de Anticorrupción de la Presidencia de la República. Esta última subrayó, a través de un comunicado, que no permitirán “que los jueces se burlen de la sociedad ecuatoriana”.
Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, era acusado por peculado de su época como director del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), entre 2013 y 2014.
“Es evidente que será declarado culpable, no porque lo sea, sino porque ¿qué juez, lo declararía inocente cuando el Estado ha anunciado que va a perseguir o destituir a los jueces que lo encontraron inocente por peculado?”, indicó ayer García.
El jurista señaló que ve con preocupación lo que denomina “la injerencia en la justicia por parte del poder”. Este solicitó al Consejo de la Judicatura que las audiencias en este nuevo caso se abrieran al público y a los medios para asegurar la validez del proceso.
“Si ganamos fue porque la única prueba que tenía la Fiscalía contra el Dr. Espinel era el informe de Contraloría, y esto no constituye una prueba, sino un indicio”, explicó.
Pero para el Estado, la supuesta inocencia de Espinel solo genera sospechas. Con el fin de analizar la transparencia del proceso, la Judicatura abrió un expediente administrativo inmediatamente de conocidos los hechos. Así lo confirmó su presidenta María del Carmen Maldonado.
La funcionaria recalcó que “no permitirán ni la corrupción ni la impunidad”, pero aclaró que la investigación a los jueces no implica intervenir en el contenido de sus fallos.
Lo que buscará el Consejo, a través de la Dirección de Transparencia, es determinar si es que existieron posibles irregularidades en el comportamiento de los jueces y si esas actuaciones implican sanciones disciplinarias. Los resultados tomarán al menos 60 días.
La Fiscalía también actuará en este caso. La fiscal (e) Ruth Palacios pidió un informe al fiscal que está a cargo del caso.
Explicó que el titular del proceso enfermó y fue reemplazado por el funcionario que actuó durante el juicio.
La fiscal precisó que hay una investigación en marcha para determinar qué ocurrió.
Palacios también aclaró que la Fiscalía no se involucrará en el criterio del fiscal, solo se verificará que haya cumplido con su trabajo.
Solo una vez que se cuente con el informe se conocerá si es que hubo alguna falla.
De ser ese el caso, se tomarán las medidas respectivas, destacó.
Pero sin un panorama que, determinan “justo” para garantizar estas conclusiones, el defensor de Espinel desde ya estudia la posibilidad de acudir a instancias internacionales.
Contraloría prendió las alarmas
El caso del exministro y de los otros procesados fue abierto a raíz de un informe de la Contraloría General del Estado en los que se establecían indicios de responsabilidad penal en la contratación por el IESS de servicios en clínicas privadas entre julio de 2012 y agosto de 2015.
Fuente: expreso.ec
