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Los lastres que frenan las ofertas de Moreno

Ofertas que en el camino van encontrando obstáculos. El sorpresivo anuncio de la construcción de un ‘tren playero’, la semana pasada, por parte del Gobierno reabrió el debate y trajo a la memoria otros anuncios que todavía están en lista de espera por diversas razones.

El debate va en torno a la viabilidad y conveniencia de un proyecto que costaría mil millones de dólares.

El objetivo es unir a Guayas, Santa Elena y Manabíturística y comercialmente.

Aunque no hay todavía estudios, las autoridades sostienen que no le costará al Estado porque se hará con inversión privada.

El objetivo es que el presidente Lenín Moreno logre en lo que le resta de mandato, al menos, ver la culminación de la primera etapa de este tren que recorrerá, según la propuesta del Ejecutivo, unos 400 kilómetros. Todo dependerá de que se encuentre rápido un inversionista y de que haya la menor cantidad de obstáculos en el camino.

Esa suerte no han corrido, por ahora, otras propuestas que a primera vista resultaban vistosas. En julio de este año, el presidente hizo una oferta que agradó a más de un detractor de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Ofreció entregar el edificio de la sede de este organismo, ubicado en la Mitad del Mundo, al occidente de Quito, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para que ahí funcione una universidad.

Pero recuperar esa edificación, por la que el anterior Gobierno pagó más de $ 40 millones, no ha resultado una tarea sencilla.

La estructura fue donada a la Unasur, por lo tanto no solo depende de la voluntad ecuatoriana, sino de la del resto de sus integrantes.

A partir de esa fecha, no se han conocido los avances ni se han emitido más pronunciamientos con respecto a alguna gestión para revertir la donación, de manera que pase a manos de los pueblos indígenas.

Otra oferta que ha encontrado más escollos que soluciones es la reactivación de la construcción de la Refinería del Pacífico.

El Gobierno tenía la expectativa de que algún consorcio internacional se interese en invertir en la obra por la que, solo por remoción de tierras, la anterior administración pagó cerca de $ 1.500 millones.

Uno de los frenos es la solicitud de un peritaje por parte de la venezolana PDVSA, que es socia de Ecuador en este proyecto, lo que podría desembocar en un litigio si no se logra un acuerdo para disolver la sociedad. Esto ha provocado que ninguna de las 30 empresas (entre chinas, estadounidenses, japonesas y rusas) a las que se les presentó el proyecto se arriesgue a invertir, pese a los esfuerzos hechos por el propio jefe de Estado.

Fuente: expreso.ec