El gobierno de Daniel Noboa anunció un “plan de seguridad integral” para combatir la “inseguridad, delincuencia y corrupción” durante este 2026, articulando el trabajo de Inteligencia, UAFE, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el anuncio no convence a expertos en la materia, como Jean Paul Pinto, quien ve en el video lanzado por Presidencia solo un insumo comunicacional y de marketing, no un plan.
“Un plan es un documento escrito con objetivos, metas, indicadores…”.
Pinto explica que el plan de seguridad debía presentarse tres meses después de publicado el Plan Nacional de Desarrollo (agosto 2025), pero hasta la fecha no se lo hace.
En resumen, analiza que lo que se ha hecho con el video en cuestión es una especie de anuncio de compras públicas.
Por su parte, el general (sp) Luis Altamarino dijo que conoce que se está elaborando dicho plan, “pero todavía no hay fecha determinada para la conclusión del mismo”.
Y coincide con Pinto al decir que por ahora no hay plan, sino la presentación de un video.
“Cuando no hay objetivos, estrategias, metas que puedan presentarse, ¿qué tipo de evaluación podemos hacer?
A mi modo de ver es un esfuerzo de política comunicacional y de marketing”.
Y agrega que un plan integral envuelve otros ejes como justicia, inclusión económica y social, cooperación internacional.
Lo mismo opina Pinto, que no hay integralidad porque no se incluye educación o sector privado y considera que a este paso, el 2026 volverá a ser el más violento del Ecuador.
Con ellos discrepa el general (sp) José Luis Castillo, quien considera que el anuncio de Noboa es un “lineamiento político de actuación” y que más bien son los ministerios los que ejecutan los planes
con base en ese lineamiento.
A su juicio, sí hay una estrategia de seguridad, la cual empezó con una contención de la violencia y ahora hay “una nueva fase” con el apoyo de Estados Unidos.
Acota que el Gobierno sí fortalece sus capacidades para combatir al crimen con el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles.
Destaca el trabajo de la Policía Nacional y la Unase, que ahora es una entidad autónoma.
Debilidades para combatir la criminalidad.
Presuntos delincuentes regresan a las calles
Así como el Gobierno tiene herramientas para combatir al crimen organizado, hay otras competencias que no están bajo su potestad, como el poder judicial, el cual ha sido un dolor de cabeza para el ministro del Interior, John Reimberg, quien constantemente reclama que jueces liberan a presuntos criminales.
No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos.
En julio de 2025, Kevin R. P., alias Ronquillo, señalado como cabecilla de los Sao Box y considerado como objetivo de intermedio valor, fue detenido por el presunto delito de porte de armas no autorizado. Sin embargo, presentó el permiso y una jueza le dio medidas alternativas a la prisión preventiva.
Unos meses después, el 30 de diciembre de 2025, el sujeto fue acribillado en un centro comercial de Machala.
En su momento, el presidente Daniel Noboa propuso una reforma para que las personas involucradas en terrorismo y crimen organizado reciban prisión preventiva obligatoria.
Sistema carcelario con hacinamiento
Aunque el ministro Reimberg dijo que el sistema penitenciario de Ecuador “se proyecta como uno de los mejores de la región”, las realidad es que las cárceles se mantienen con un hacinamiento que hasta noviembre de 2025 fue del 36 %, según la perfiladora criminal, Alexandra Mantilla. Es decir, hay alrededor de 13 000 presos de más.
En ese mismo mes, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, criticó al sistema penitenciario ecuatoriano por el aumento en las muertes de los internos.
Ella dijo hubo un incremento del 137 % en un año, pasando de 321 fallecimientos en 2024 a 760 en 2025. (I)
Fuente: evafm.net – ecuavisa.com
