Lo que comenzó como un caso más de delincuencia organizada, destapó una red integrada por policías de Ecuador que desviaban armas y municiones para venderlas a grupos criminales.

Hubo ocho detenidos, entre ellos cinco uniformados, que aceptaron su culpabilidad para acogerse a un proceso abreviado y tener una reducción de pena.

Así consta en un oficio de la Fiscalía, en el expediente judicial del caso denominado Depuración Azul, que estalló en julio de 2025.

En esa ocasión, los implicados fueron acusados por delincuencia organizada.

Meses después, la Fiscalía reformuló cargos por armas de fuego y municiones.

Con ello, la pena a la que podía ser sentenciados los implicados pasó de 22 años de prisión a máximo cinco.

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), al acogerse al proceso abreviado, los detenidos admiten los hechos y su culpabilidad.

La pena sugerida no puede ser menor al tercio de la pena mínima prevista.

En este caso, el delito de armas de fuego y municiones tiene una sanción máxima de siete años.

Es decir, el tercio correspondería a dos años y cuatro meses.

 

Pero además de emitir un oficio solicitando el procedimiento abreviado para seis procesados, cinco de ellos policías, la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a favor de Franklin L. (taxista) y Evelyn M.S., expareja de uno de los uniformados procesados.

Según el expediente, no existían los “elementos de convicción suficientes para establecer su responsabilidad en la infracción”.

En su versión libre, Evelyn M.S., detalló cuando las autoridades allanaron su casa y la detuvieron frente a sus hijos pequeños, que lloraron. Los agentes revisaron la vivienda para buscar facturas u otros papeles. Agregó que ella tenía ya seis años separada del Policía Jorge G.

 

Su expareja laboraba en el rastrillo (sitio donde se guardan las armas y municiones) del distrito Tumbaco, en Quito.

El uniformado implicado confirmó que tenía seis años separado y su única relación con Evelyn M. Respecto a los hechos sobre la venta de municiones y armas, dijo que el 17 de junio de 2025 le pidió que la acompañe a Quito y que ahí le iba a dar el dinero de la manutención de sus hijos.

Por eso, también lo acompañó a retirar un paquete en la zona de la plaza de Toros, en el norte de la capital, y fueron a la terminal terrestre de Carcelén para enviar la encomienda a Guayaquil.

En su versión, el uniformado implicado dijo que se dio cuenta que no tenía la cédula y le pidió el documento a su exconviviente para enviar el paquete.

Los análisis de la información hallada en los celulares de los procesados, confirmó que la mayoría de las conversaciones vía WhatsApp era sobre dinero por la manutención, y no por el hecho investigado.

La Fiscalía también determinó que la “conducta de la señora”, es decir enviar la encomienda, era porque su expareja no llevó la cédula.

 

En el caso del segundo sobreseído, Franklin L.R., él manejaba un taxi y retiró unos paquetes para enviarlos por encomienda.

En su versión libre, dijo que trabajaba para el policía Darwin R., que era dueño del carro que conducía.

Contó que tenía dos años trabajando para él y siete meses antes del caso, Darwin R. dijo que vendía el taxi.

Según Franklin L., en febrero propuso comprar el carro por USD 1 300 con cuotas mensuales de USD 500.

En marzo depositó USD 2 000, en mayo USD 2 500 y en junio USD 500.

Aseguró no tener documentos de respaldo, solo las transferencias que hizo desde la cuenta bancaria de su esposa.

Franklin además relató que en marzo, Darwin R., lo llamó para que haga un favor: llevar una encomienda y enviarla desde la terminal de Carcelén hacia Guayaquil.

 

Según el taxista, Darwin R. dijo que no conocía el nombre del señor que debía entregarle la encomienda, pero lo reconocería por un overol plomo o azul y que el paquete contenía repuestos de carro.

“Yo pensé que sí era verdad y como mi jefe, el señor Darwin R., dijo que era Policía, yo entregué el paquete en los envíos.

Él me daba el número de cédula de quién envía y quién recibe allá”, Franklin L.

Señaló que solo en tres ocasiones envió las encomiendas por pedido de Darwin R., que nunca supo dónde trabaja y que solo le había dicho que era policía.

Después de dichos envíos, supuestamente nunca más lo llamó o pidió favores.

La Fiscalía en el caso de Franklin L. también consideró que no había elementos suficientes para acusarlo y fue sobreseído.

Así operaba la red ilegal para desviar el armamento y venderlo.

Seis implicados aceptaron su culpabilidad para acogerse a proceso abreviado posiblemente obtener solo el tercio de la pena: 27 meses de prisión.

Durante la instrucción fiscal, se determinó cómo operaba la red ilegal para desviar el armamento y venderlo. Incluso, había municiones donadas por la Embajada de Estados Unidos que habrían sido comercializadas.

Las municiones y armas se ofertaban a al menos tres grupos criminales: Freddy Kruger, Tiguerones y Mafia 18. 

Los precios iban desde USD 1 000 a USD 7 500 dependiendo del tipo de arma de fuego y las balas se ofertaban desde USD 5 la unidad, según las investigaciones y las conversaciones analizadas.

En uno de los celulares incautados, había un chat donde se hablaba de municiones nueve milímetros.

Las dos cajas se ofertaban a USD 80 y las dejaban a USD 75.

En otra conversación aparece una persona de apodo militar rindón -según el expediente- se mencionó 400 (presuntamente cajas) con 50 municiones.

Otro chat entre los negociadores de la red, se consultó sobre 12 cajas por USD 1 000.

También se ofertaron alimentadores.

Algunas de las balas vendidas eran de fogueo calibre 38 y 9 milímetros. Es decir, eran municiones traumáticas.

 

En otro de los celulares, los agentes encontraron una conversación sobre la venta de 500 balas a USD 2 cada una.

Además de un pedido de 50 cajas de balas, control de rastrillos y consultas sobre municiones 5.56 (para fusil).

El caso inició con una denuncia por cohecho en la Fiscalía General del Estado.

Se analizaron conversaciones telefónicas y se siguió a los sospechosos por meses, quienes a veces con uniforme, fueron hasta las cooperativas de buses para dejar encomiendas.

Uno de los implicados supuestamente usaba las redes sociales para ofertar el armamento.

 

Las cabezas de la red, según la tesis fiscal, era quienes tenían acceso directo a las municiones como alias Topo, cabo primero de la Policía.

Él era encargado del guarda almacén en la Dirección Logística de la Policía.

Según el expediente, sustraía las municiones para enviarlas con alias Beto (taxista que fue sobreseído) en encomiendas.

Los paquetes eran llegaban a alias Gangudo, un cabo primero.

Las balas luego eran retiradas por alias Uña (sargento segundo), quien las entregaba al policía en servicio pasivo que tenía la tienda virtual de estos artículos.

Previamente, los sospechosos verificaban sobrantes en los rastrillos para desviar los mismos y posteriormente venderlos.

Por ejemplo, en el expediente se detalló que aprovechaban las municiones que no se usaban en las prácticas de tiro para no ingresarlas en el sistema.

Al acogerse a proceso abreviado, se suprimió la convocatoria para preparatoria de juicio.

El juez del caso convocó directamente a una audiencia de juicio que está fijada para el 24 de febrero de 2026.

Los seis implicados tienen prisión preventiva desde hace siete meses.

En el transcurso del caso, intentaron salir de la cárcel pero el juez ratificó la prisión preventiva. (I)

 

 

 

 

Fuente: evafm.net – ecuavisa.com