Entre las múltiples noticias que han marcado la agenda nacional en las últimos días, dos casos volvieron a poner en el centro del debate el rol de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el organismo del Estado encargado —según la ley— de prevenir, detectar y combatir el lavado de activos en Ecuador.

El primero ocurrió tras la matanza en una urbanización de la Isla Mocolí, un sector residencial exclusivo de Samborondón, donde fue asesinado Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, quien fue cabecilla del grupo criminal Los Lagartos.

A raíz de ese hecho, se expuso una estructura que ahora está bajo investigación: propiedades de lujo, empresas de giro amplio y mínima carga tributaria.

El segundo caso generó un escándalo nacional luego de que la Alcaldía de La Libertad intentara vender un terreno municipal de 93 hectáreas a una joven de 24 años que nunca logró justificar el origen de los USD 2,7 millones que debía pagar por el predio.

La operación fue alertada a la UAFE por un concejal y finalmente terminó siendo revocada.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico fue creada en 2005. Maneja sus propios recursos y está adscrita al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, trabaja de manera estrecha con la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque no depende administrativamente de ella. José Julio Neira es el director encargado del organismo desde mayo de 2024.

Según explican los exdirectores de la institución, Roberto Andrade y Alan Sierra, la función principal de la UAFE es analizar información financiera, tributaria y patrimonial de empresas, sociedades y personas naturales, con el objetivo de identificar posibles irregularidades económicas.

Es importante aclarar que la UAFE no es un organismo sancionador, no puede ordenar allanamientos, detenciones ni interceptaciones telefónicas.

Tampoco cuenta con agentes para ejecutar operativos en territorio.

La mayor parte de la información que recibe proviene de los denominados «sujetos obligados a reportar”, un grupo de 23 361 personas naturales y jurídicas, en los que están incluidos bancos, cooperativas, mutualistas, fundaciones, hipódromos, compañías de pronóstico deportivo, agencias de turismo, clubes de fútbol de las series A y B, inmobiliarias, comercializadoras de vehículos, empresas de blindaje de carros, negociadores de joyas, organizaciones políticas, asambleístas, jueces, notarios y fiscales.

Otra fuente de información para la UAFE son las bases de datos de otras instituciones públicas, como el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Asimismo, puede iniciar análisis a partir de alertas emitidas por sus pares internacionales, en el marco de la cooperación global contra el lavado de activos. Por ejemplo, la Guardia di Finanza de Italia ha colaborado con Ecuador en varios casos.

Una vez concluido el análisis, la institución elabora informes técnicos que son remitidos a otras entidades del Estado, principalmente a la FGE, para que se inicien —si corresponde— investigaciones penales.

Aunque lo más común es que la UAFE reporte a Fiscalía, puede ocurrir que, en el marco de una investigación, la FGE solicite más datos a la entidad de análisis financiero.

Tipos de reportes.

Los sujetos obligados deben presentar tres tipos de reportes:

• Reporte de operaciones y transacciones por montos desde o más de USD 10 000 (se entrega mensualmente)
• Reporte de Información Adicional (cuando la UAFE lo requiere).
• Reporte de Operaciones Sospechosas (cuando la UAFE lo requiere).

Con base en esta información, la UAFE determina si existe un nivel de riesgo suficiente. De ser así, el caso es asignado a un analista especializado para profundizar la investigación.

¿Cuánto dinero se lava en Ecuador?

El lavado de activos no se limita únicamente al dinero proveniente del narcotráfico.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA), también se blanquean recursos que tienen origen en delitos como la corrupción, la evasión fiscal, el contrabando, el robo de vehículos, la minería y pesca ilegal, así como la trata de personas, entre otras actividades ilícitas.

Estos fondos suelen ingresar al sistema financiero formal mediante distintas modalidades.

De acuerdo con estimaciones de organismos especializados, en Ecuador se lavarían cada año alrededor de USD 5 000 millones, una cifra que refleja la magnitud del problema y su impacto en la economía nacional.

Frente a ese escenario, la Unidad de Análisis Financiero y Económico detectó el año pasado USD 1 577,2 millones en operaciones inusuales, el monto más alto registrado desde la creación del organismo.

En 2024 se reportaron USD 556,4 millones, en 2023 unos USD 693,9 millones, en 2022 alrededor de USD 585,7 millones y en 2021 apenas USD 359,9 millones. (I)

Fuente: evafm.net – ecuavisa.com