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Tres audiencias claves definirán el futuro de Jorge Yunda

A las 14:00 de este 9 de septiembre, Jorge Yunda enfrentará la primera de las tres audiencias que están previstas durante este mes.

Del fallo de ellas depende la resolución del conflicto legal que envuelve a la Alcaldía de Quito.

Arturo Cabrera, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), presidirá la audiencia de prueba en el caso sobre una supuesta infracción electoral muy grave.

Jéssica Jaramillo y Sara Serrano intentarán demostrar que Yunda incumplió la resolución del pasado 1 de julio

cuando el TCE dijo que el Concejo Metropoli­tano cumplió las formalidades dentro del proceso de remoción.

 

Otra instancia en la que Yunda tendrá que defenderse es la Corte Constitucional (CC).

El próximo lunes se desarrollará la audiencia, que es parte del tratamiento de la acción extraordinaria

de protección solicitada por los concejales Santiago Guarderas y Mónica Sandoval.

 

Finalmente, el próximo 29 de septiembre está previsto que se inicie la audiencia de juicio por un presunto delito de

peculado en la compra de pruebas para detectar covid-19.

En las tres vías, la decisión de cada autoridad competente podría definir el futuro de Yunda en la Alcaldía.

Actualmente, Yunda se mantiene en el cargo por una acción de protección ratificada por la Corte Provincial de Pichincha que echó abajo lo actuado por el Concejo.

TCE juzgará una infracción:

Antecedente:

El 1 de julio pasado, el tribunal Contencioso Electoral (TCE), con tres votos de mayoría y dos concurrentes, resolvió la consulta hecha por la defensa de Jorge Yunda.

La decisión quedó en firme desde el 8 de julio pasado. Sin embargo, Yunda se mantuvo en el cargo por una acción de protección concedida

por la jueza María Belén Domínguez, y por las medidas cautelares que le fueron otorgadas por el juez Carlos Soto.

 

Escenarios:

Santiago Ron director de la Escuela de Derecho de la UIDE el juez Cabrera tiene dos opciones.

Una es que se declare infractor a Yunda. En ese caso, podrían sancionarlo con la pérdida de los derechos políticos, destitución o una multa.

A su criterio, las sanciones claves serían las relacionadas con derechos políticos o la destitución, porque impedirían que ejerciese su cargo.

en última instancia en el Pleno del TCE. Si se determina que no hubo infracción, se mantendría en el cargo.

 

Corte Constitucional define quién es Alcalde.

Antecedente:

El conflicto de la Alcaldía llegó al máximo organismo de interpretación constitucional después de que la sentencia del TCE y de la Corte Provincial se contrapusieran.

Santiago Guarderas, quien asumió la Alcaldía por 11 días, tras el levantamiento de la medidas cautelares el 19 de julio pasado

tuvo que dejar el Despacho cuando la Corte Provincial de Pichincha ratificó lo actuado por María Belén Domínguez y dejó sin efecto la remoción.

Ante eso, el ahora concejal recurrió a la acción extraordinaria de protección, último recurso dentro del proceso, para que esa entidad determinase

si esas sentencias vulneraron derechos constitucionales.

El próximo lunes, la magistrada constitucional Karla Andrade escuchará a las partes.

 

Escenarios. El constitucionalista Gonzalo Muñoz explicó que hay dos opciones. La primera es que la CC determine violación de derechos.

Ahí quedarían sin efecto las sentencias de Domínguez y de la Corte Provincial, con lo que Yunda saldría del cargo.

 

Decisión penal lo inhabilita:

Antecedente:

En un inicio le sirvió a Yunda para retomar la credibilidad perdida durante las protestas de octubre del 2019, se convirtió en un grave conflicto legal.

En abril del 2020, la Secretaría de Salud del Municipio compró 100 000 pruebas de diagnóstico de covid-19.

Hoy, el Alcalde enfrenta una acusación por presunto peculado en dicha adquisición.

El Tribunal penal de la Corte Provincial de Pichincha convocó a la audiencia de juicio en su contra y de 13 procesados más.

 

Escenarios:

El penalista Pablo Encalada explicó que está previsto que el juicio dure al menos un mes.

Pero es solo la primera instancia. Yunda podría apelar y llegar a casación. Con medidas alternativas (grillete)

podría continuar ejerciendo el cargo hasta que se resuelva su inocencia o su culpabilidad.

 

Fuente: evafm.net