No ser\u00e1 f\u00e1cil que la Corte Constitucional pueda cumplir con las peticiones que le ha hecho el Estado<\/p>\n
tras los \u00faltimos esc\u00e1ndalos de jueces que excarcelaron a sentenciados.<\/p>\n
La excarcelaci\u00f3n del exvicepresidente Jorge Glas, de Junior Rold\u00e1n, cabecilla de Los Choneros<\/strong><\/p>\n <\/p>\n y del narcotraficante alban\u00e9s-holand\u00e9s Vokshi Nezdet,<\/strong> por parte de tres jueces que les concedieron el<\/p>\n recurso de habeas corpus,<\/strong> puso la mirada del pa\u00eds sobre la justicia.<\/p>\n Y las sospechas de corrupci\u00f3n y falta de capacidad en algunas instancias del sistema judicial provocaron una reacci\u00f3n del Estado<\/p>\n El 24 de abril de 2022, el presidente Guillermo Lasso<\/strong> convoc\u00f3 a una reuni\u00f3n a las m\u00e1s altas autoridades de la Funci\u00f3n Judicial<\/p>\n Iv\u00e1n Saquicela,<\/strong> presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)<\/strong><\/p>\n \u00a0Fausto Murillo,<\/strong> presidente del Consejo de la Judicatura (CJ)\u00a0<\/strong><\/p>\n Diana Salazar,<\/strong> fiscal General del Estado.<\/p>\n <\/p>\n El resultado de la cita fue un pedido a la Corte Constitucional (CC)<\/strong> consignado en una carta firmada por Saquicela y Murillo.<\/p>\n El llamado a la Corte Constitucional consta de tres puntos que, seg\u00fan varios expertos, no ser\u00e1n tan f\u00e1ciles de atender.<\/p>\n Pero la noche del 25 de abril, Al\u00ed Lozada,<\/strong> presidente de la CC,<\/strong> se\u00f1al\u00f3 que \u201cla Corte emite jurisprudencia en respuesta a casos concretos\u201d<\/strong><\/p>\n y recalc\u00f3 que fuera de esos l\u00edmites no es competente para regular procedimientos judiciales o absolver consultas informales de otros \u00f3rganos del Estado.<\/p>\n Los pedidos<\/strong><\/p>\n Poner l\u00edmites al habeas corpus Sobre el habeas corpus.<\/strong><\/p>\n Saquicela y Murillo solicitan a la Corte Constitucional que \u201caclare el alcance y se delimite\u201d<\/strong> esta garant\u00eda constitucional<\/p>\n para eliminar la discrecionalidad que da paso a los abusos.<\/p>\n Sin embargo, Agust\u00edn Grijalva, exjuez de la Corte Constitucional, explica que el habeas corpus es uno de los temas que m\u00e1s se ha abordado<\/p>\n en la jurisprudencia de la Corte.<\/p>\n El grupo acad\u00e9mico de constitucionalistas \u2018La Corte Dice\u2019<\/strong> ha identificado al menos 13 sentencias<\/strong> que se refieren al habeas corpus desde 2019<\/p>\n Prevaricato.<\/strong><\/p>\n El segundo llamado a la CC<\/strong> es para que revierta el precedente jur\u00eddico que impide iniciar procesos por prevaricato frente a decisiones<\/p>\n judiciales sobre garant\u00edas jurisdiccionales<\/p>\n <\/small><\/p>\n Seg\u00fan el abogado Aldr\u00edn G\u00f3mez, Saquicela y Murillo<\/strong> se refieren a la sentencia 141-18-SEP-CC. <\/strong><\/p>\n Ese fallo dict\u00f3 una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 268 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP)<\/strong><\/p>\n Este art\u00edculo es sobre el prevaricato de jueces y estipula una pena de entre tres y cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel<\/p>\n para los magistrados que procedan contra la norma ley expresa.<\/p>\n Pero, en la interpretaci\u00f3n de la CC,<\/strong> se aclara que las actuaciones de los jueces, cuando intervienen en resoluci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales<\/p>\n (como el habeas corpus),<\/strong> \u201cno son susceptibles de subsumirse<\/strong> en la conducta y no pueden ser procesados y mucho menos sancionados\u201c.<\/p>\n Control disciplinario<\/strong><\/p>\n Finalmente, el tercer pedido de Saquicela y Murillo es que la Corte Constitucional revise los l\u00edmites a las<\/p>\n potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura.<\/p>\n Espec\u00edficamente, que se le restituya a la Judicatura la facultad de actuar de oficio en casos de negligencia manifiesta.<\/p>\n La solicitud se refiere a la sentencia 3-19-CN\/20.<\/p>\n El 12 de agosto de 2020, la CC resolvi\u00f3 que la aplicaci\u00f3n de esta figura tiene una constitucionalidad condicionada.<\/p>\n Es decir, puede aplicarse solo si antes existe un fallo judicial que haya determinado que el juez actu\u00f3 con dolo<\/p>\n manifiesta negligencia o que cometi\u00f3 un error inexcusable.<\/p>\n El abogado David Cordero menciona que se est\u00e1n confundiendo las cosas.<\/p>\n Ya que, pese a la sentencia de la Corte, la Judicatura mantiene la facultad disciplinaria, pero la negligencia<\/p>\n debe ser declarada por un juez y no por un funcionario administrativo.<\/p>\n Adem\u00e1s, el constitucionalista Su\u00e1rez reitera que la Corte Constitucional tampoco puede revertir una sentencia.<\/p>\n Y que este caso es, incluso, m\u00e1s complicado, ya que la sentencia en cuesti\u00f3n declar\u00f3 la constitucionalidad condicionada<\/p>\n de un art\u00edculo del C\u00f3digo de la Funci\u00f3n Judicial<\/strong><\/p>\n Los problemas de fondo<\/strong><\/p>\n <\/small><\/p>\n Estos pedidos de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura a la Corte Constitucional son la respuesta<\/p>\n a la crisis judicial que atraviesa el pa\u00eds, y que se ha evidenciado con los tres pol\u00e9micos habeas corpus<\/p>\n Sin embargo, abogados se\u00f1alan que solo es una reacci\u00f3n, pero que no se presta atenci\u00f3n a los problemas de fondo que tiene la justicia<\/p>\n El Consejo de la Judicatura no tiene un presidente titular<\/strong> que, seg\u00fan la ley, debe ser el representante de la Corte Nacional.<\/p>\n La Corte Nacional no tiene seis jueces titulares<\/strong>, pues no se han nombrado desde 2019<\/p>\n Las 23 fiscal\u00edas provinciales est\u00e1n encargadas<\/strong> desde 2018 y no hay concursos abiertos para contratar a sus titulares.<\/p>\n La Fiscal\u00eda General trabaja con un d\u00e9ficit de 577 fiscales. <\/strong><\/p>\n La Embajada de Estados Unidos en Ecuador anunci\u00f3 el retiro de visas a jueces por nexos con el narcotr\u00e1fico<\/strong><\/p>\n pero la Judicatura no ha podido identificar a los involucrados.<\/p>\n La Funci\u00f3n Judicial ha tenido, desde 2019, constantes reducciones presupuestarias. (I)<\/strong><\/p>\n