{"id":92829,"date":"2025-09-03T11:35:15","date_gmt":"2025-09-03T16:35:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/?p=92829"},"modified":"2025-09-03T11:35:15","modified_gmt":"2025-09-03T16:35:15","slug":"los-jueces-de-la-corte-constitucional-dejaron-ver-sus-dudas-sobre-la-ley-de-solidaridad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.evafm.net\/sitio\/los-jueces-de-la-corte-constitucional-dejaron-ver-sus-dudas-sobre-la-ley-de-solidaridad\/","title":{"rendered":"Los jueces de la Corte Constitucional dejaron ver sus dudas sobre la Ley de Solidaridad"},"content":{"rendered":"

La\u00a0Corte Constitucional (CC)<\/a><\/b>\u00a0vuelve a situarse en el centro de la agenda pol\u00edtica.<\/p>\n

El 25 de agosto de 2025 inici\u00f3 el tr\u00e1mite de las demandas de\u00a0inconstitucionalidad\u00a0<\/b>contra la\u00a0Ley de Solidaridad<\/b>, impulsada por Daniel Noboa.<\/strong><\/p>\n

En la audiencia, las partes expusieron las razones en contra y a favor de la norma; mientras que, los jueces hicieron preguntas sobre las dudas que tienen respecto a la ley.<\/p>\n

Con la audiencia, el tr\u00e1mite avanza y en los pr\u00f3ximos d\u00edas habr\u00e1 novedades.<\/p>\n

Para el 27 de agosto est\u00e1 prevista la audiencia sobre la Ley de Integridad y, el 1 de septiembre, la de Inteligencia.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 escenarios se abren para el Gobierno y qu\u00e9 aspectos puede observar la CC?<\/strong><\/p>\n

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La Ley de Solidaridad, observada por no justificar el conflicto armado interno.<\/strong><\/p>\n

La audiencia p\u00fablica, presidida por el\u00a0juez ponente Al\u00ed Lozada<\/b>\u00a0y desarrollada de manera virtual, recibi\u00f3 a los accionantes y defensores de la ley.<\/p>\n

Participaron representantes de organizaciones sociales, pol\u00edticas y personas particulares; tambi\u00e9n intervinieron los representantes de la<\/p>\n

Asamblea Nacional, Presidencia, Procuradur\u00eda y Ministerio del Interior<\/b>.<\/p>\n

Las observaciones fueron de fondo y forma.<\/p>\n

En este \u00faltimo aspecto, todos coincidieron en que\u00a0ni la Asamblea ni el Ejecutivo<\/b>\u00a0respetaron el principio de unidad de materia, es decir, que la ley abarca reformas econ\u00f3micas, penales y de otras ramas, cuando deber\u00eda ser de un solo tema.<\/p>\n

Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se observ\u00f3 que el procedimiento utilizado fue el de ley de materia econ\u00f3mica, aun cuando solo dos de los art\u00edculos eran sobre ese \u00e1mbito.<\/p>\n

El argumento para defender que sea de un tema econ\u00f3mico fue que existe una econom\u00eda paralela a la de los grupos de delincuencia organizada y que al garantizar la seguridad tambi\u00e9n se puede promover el desarrollo.<\/p>\n

La abogada Nicole Rojas, en representaci\u00f3n de Erick Gavilanez D\u00edas, dijo que la premura con la que se trat\u00f3 la ley, en menos de 30 d\u00edas, por ser urgente, no permiti\u00f3 un adecuado tratamiento de la misma, con expertos en\u00a0seguridad y derechos humanos<\/b>.<\/p>\n

Los defensores de la ley explicaron que es\u00a0econ\u00f3mica y urgente<\/b>\u00a0porque atiende a un tema preocupante para el pa\u00eds, que amerita una respuesta inmediata.<\/p>\n

Tambi\u00e9n fue cuestionado el nombre que la Asamblea le dio a la ley, luego de que el Ejecutivo la env\u00edo bautizada como Ley Contra la Econom\u00eda Criminal, puesto que la\u00a0Ley Org\u00e1nica de Garant\u00edas Constitucionales<\/b>\u00a0establece que el contenido del proyecto debe corresponder al t\u00edtulo, seg\u00fan dijo Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular.<\/p>\n

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En cuanto al fondo de la ley, los accionantes se centraron en la conceptualizaci\u00f3n del conflicto armado interno.<\/p>\n

Los abogados expusieron las causas contempladas en el derecho internacional para la declaratoria, por ejemplo, que deben existir enfrentamientos armados prolongados entre las\u00a0Fuerzas Armadas Estatales y los grupos armados organizados,\u00a0<\/b>algo que, consideraron que no aplica.<\/p>\n

Por otro lado, los representantes de las organizaciones de\u00a0defensa de los derechos humanos<\/b>\u00a0se preguntaron c\u00f3mo se aplicar\u00e1n las sanciones para personas que pertenezcan a grupos armados, puesto que en la ley no est\u00e1n especificadas las actividades prohibidas.<\/p>\n

Eso, seg\u00fan los juristas, vulnera el derecho al debido proceso y da paso a la\u00a0discrecionalidad<\/b>.<\/p>\n

Los jueces tambi\u00e9n preguntaron a las partes si consideran necesaria la existencia de la ley.<\/p>\n

Los accionantes dijeron existen las herramientas legales para el combate al crimen organizado, sin necesidad de declarar el conflicto armado interno.<\/p>\n

Sin embargo, los accionados explicaron que la\u00a0Ley de Solidaridad<\/b>\u00a0contempla un marco normativo que le permite al Estado actuar en un\u00a0contexto excepcional<\/b>.<\/p>\n

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El juez Lozada pregunt\u00f3 si la ley es una regulaci\u00f3n del conflicto armado interno y si es necesario que exista para declarar grupos armados organizados como objetivos.<\/p>\n

Expuso esa preocupaci\u00f3n bajo el argumento de que, entonces, ser\u00eda necesaria la declaratoria permanente para actuar contra los GDO.<\/strong><\/p>\n

Adem\u00e1s, hubo preocupaci\u00f3n de que se confundan a miembros de una organizaci\u00f3n delictiva con la poblaci\u00f3n com\u00fan.<\/p>\n

Los magistrados preguntaron cu\u00e1les son los l\u00edmites para que el presidente haga la declaratoria y cuestionaron si esos criterios son\u00a0discrecionales<\/b>. (I)<\/strong><\/p>\n