El exministro de Energía, Antonio Goncalves, ya no será procesado en el caso Apagón, también conocido como Progen. En esta causa se investiga un presunto delito de peculado en la contratación de emergencia de generadores eléctricos -que finalmente resultaron inservibles- a la empresa Progen para las centrales de Salitral y Quevedo, por un monto total de USD 149,1 millones.
El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, emitió este lunes 28 de septiembre un dictamen abstentivo a favor de Goncalves.
«De los elementos recabados no se desprenden circunstancias que permitan presumir que el señor Octaviano Antonio Goncalves Savinovich haya abusado de su cargo, dispuesto arbitrariamente de fondos del Estado ecuatoriano u omitido el deber legal de precautelar los recursos públicos pertenecientes al Estado; ni que, como
consecuencia de su actuación, se haya ocasionado un perjuicio al Estado ecuatoriano», señala un escrito del fiscal general encargado.
Con esta decisión, la cifra de procesados en el caso Apagón se reduce de 31 a 30 personas. Asimismo, la causa pasara a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.
La salida de Goncalves también modifica la competencia del proceso. Al dejar de estar vinculado un exministro, el caso ya no continuará bajo conocimiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ni estará a cargo del fiscal general encargado. La causa pasará a un juez de instancia inferior.
Goncalves fue vinculado al caso en mayo pasado. Ejerció como ministro de Energía entre julio y octubre de 2024.
Su abogado, Leonardo Stagg, sostuvo en su cuenta de X que Goncalves “no tenía competencia ni responsabilidad sobre la contratación de Progen en Celec”. Añadió que el exministro “no contrató, no administró los contratos, no ejecutó sus obligaciones ni autorizó pagos”.
El caso Apagón.
Según la Fiscalía, Progen entregó generadores que no cumplían con las condiciones técnicas previstas, pese a lo cual recibió anticipos superiores a USD 104 millones.
El Ministerio Público sostiene que los procesados habrían actuado desde sus respectivos ámbitos de competencia para viabilizar el desembolso de recursos estatales. Entre las acciones investigadas están la supuesta manipulación de informes técnicos, la concesión de prórrogas injustificadas, la omisión de fiscalizaciones y presuntas intervenciones informales.
El pasado 27 de agosto, la justicia ordenó prisión preventiva para diez de los 30 procesados, entre ellos funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). (I)
Fuente: evafm.net – ecuavisa.com
