Hay siete temas pendientes con el FMI
Ecuador ya ha recibido USD 5.800 millones de los USD 6.500 millones previstos en el acuerdo renegociado
con el FMI en septiembre de 2021.
Para tener los USD 700 millones pendientes, el Gobierno debe cumplir con la meta de cerrar 2022 con un presupuesto
en el que los gastos superen en USD 2.300 millones a los ingresos.
Esto significa, tener un déficit fiscal que represente el 2% del PIB.
En su último informe, publicado el 15 de julio, el FMI
dice que el gasto adicional que tendrá que hacer en 2022 el Gobierno para cumplir los pedidos de la Conaie en el paro
no incidirá en este objetivo fiscal.
“Las autoridades absorberán el costo dentro del presupuesto actual al priorizar otros gastos”, dice el documento.
Alejandro Arreaza, economista del banco británico de inversión Barclay’s, explica que Ecuador cumplirá
este compromiso gracias al incremento del precio del petróleo en 2022 y a que el ritmo de gasto ha sido más lento que en 2021.
Siete metas:
Sin embargo, el gobierno asumió otros siete compromisos o metas estructurales en el acuerdo, que también pesan:
Promulgar legislación para prevenir conflictos de intereses.
Completar las auditorías de las deudas por atención médica de 2020 y 2021 con el IESS.
Revisar y publicar los datos de la deuda del Estado con el IESS desde 2013. Compartir los resultados de las auditorías
de los gastos tributarios de empresas que contratan con el Estado.
Publicar los resultados de las auditorías a los estados financieros de 2019 y 2021 de Petroecuador.
Presentar un presupuesto 2023 que se ajuste a los indicadores estimados de ingresos y gastos que se establecieron en el programa.
Ampliar la cobertura del programa de asistencia social con bonos.
Lucha contra la corrupción:
Hasta agosto se debe promulgar legislación para prevenir y gestionar los conflictos de interés en el sector público.
El Fondo dice que la nueva normativa debe ampliar el sistema de declaración de bienes y de ingresos de funcionarios públicos de alto nivel
y de personas expuestas políticamente.
La legislación debe apegarse a lo que establece Convenio Contra la Corrupción de la Convención de Naciones Unidas.
La Contraloría General del Estado ya está trabajando en este proyecto de ley.
Luis Verdesoto, Secretario de Política Pública Anticorrupción, dijo que el Ejecutivo respaldará la propuesta.
Sin embargo, la promulgación de la ley dependerá de su aprobación en la Asamblea. (I)
Fuente: evafm.net
