Un año y medio después de que se aprobó la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, el Gobierno emitió su reglamento. 

El documento, de 85 artículos y siete disposiciones generales, busca reforzar el control para detectar movimientos financieros ilegales.

Uno de los puntos clave es la creación del Consejo Nacional de Coordinación de Lavado de Activos (CONCLAFT), que estará conformado por un delegado 

del presidente de la República, quien será el encargado de liderar este consejo.

El CONCLAFT será el responsable de coordinar acciones para prevenir, detectar y combatir el lavado de activos.

Este reglamento permite también la inmovilización de fondos de transacciones sospechosas hasta por 72 horas. 

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puede disponer esta medida cautelar, que es de carácter excepcional y de inmediato cumplimiento

al sistema financiero nacional, hasta que se activen los mecanismos judiciales.

Se prohíbe, además, el uso de dinero en efectivo en transacciones iguales o superiores a USD 10 mil, y se establecen controles estrictos de los

movimientos financieros de personas políticamente expuestas.

Los bancos, cooperativas y entidades del sistema financiero mantienen la obligación de establecer mecanismos de control interno y notificar irregularidades 

a la UAFE. (D)

Fuente: evafm.net – ecuavisa.com