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Odebrecht: “La resolución del contrato fue ilegal”

Más de 180 millones de dólares por daños y perjuicios más deudas pendientes, es lo que pide la constructora brasileña Odebrecht a Petroecuador.

luego de que la petrolera nacional decidió, en octubre de 2017, terminar de manera unilateral el contrato que habían firmado ambas entidades por la construcción del poliducto Pascuales – Cuenca, en 2013.

El pago de la indemnización hacia la constructora, señalada por la supuesta entrega de más de 50 millones de dólares en coimas para obtener contratos con el Estado.

dependerá de la decisión que tome el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 2 de Guayaquil en la audiencia de juicio que se instaló a las 09:00 de ayer.

en la sala 201 de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

A la diligencia acudieron los equipos jurídicos de ambas empresas, quienes realizaron los alegatos correspondientes a las pruebas que habían presentado cada uno (78 Odebrecht y 75 Petroecuador).

Hasta la tarde de ayer solo se habían analizado alrededor de 11 de las entregadas por la constructora.

Al final del día, la audiencia fue suspendida y está previsto que se reinstale el próximo 31 de enero.

Contrato entre Petroecuador y Odebrecht:

El contrato entre Petroecuador y Odebrecht fue firmado por 370 millones de dólares, con un plazo de ejecución de 700 días.

pero después se aprobaron, al menos, cinco prórrogas.

La obra fue entregada de forma provisional el 2 de marzo del 2017, en medio de las fallas estructurales, mecánicas, técnicas y operativas.

y con un costo que llegó a los 623 millones.

Meses después, y con un retraso de dos años en la entrega oficial, la petrolera empezó a exigir a la constructora brasileña que finalice las observaciones pendientes.

que estaban registradas en la recepción provisional del contrato.

Odebrecht señaló que los problemas presentados “en ningún caso” correspondían a deficiencias técnicas constructivas, por lo que la petrolera decidió terminar con el contrato.

“Para nosotros esa resolución fue ilegal. No se cumplieron con los procedimientos que la ley establece.

La demanda oscila alrededor de 180 millones de dólares que en realidad es la suma de planillas no pagadas, obra ejecutada, multas y daños y perjuicios”.

explicó ayer el representante legal en Ecuador de la constructora, Gibran Loor. (I)

Fuente: evafm.net – twitter.com