La semana pasada, tres operaciones simultáneas llevadas a cabo por la Policía Federal brasileña, la Receita Federal y el Ministerio Público de San Pablo, denominadas respectivamente Carbonio Nascosto, Tank y Quasar, desmantelaron un colosal negocio en el sector de los combustibles gestionado por el principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), y basado en un modelo de integración vertical: importaciones fraudulentas de materias primas, producción y adulteración en instalaciones propias, distribución con una flota de 1.600 camiones y venta final en más de 1.000 estaciones de servicio.

Estas últimas no solo servían para vender combustible adulterado, sino también como lavanderías de dinero, moviendo entre 2020 y 2024 el equivalente a unos 10.000 millones de dólares, con una evasión fiscal estimada de hasta 1.600 millones de dólares.

“Esta operación constituye un ejemplo paradigmático de cómo los grupos criminales pueden dar un salto cualitativo invirtiendo en la economía legal”, explica a Infobae el analista italiano Francesco Guerra, investigador del Centro de Estudios Italiano Amistades, que se ocupa de Asuntos Internacionales y Crimen Organizado Transnacional.

Como recuerda el investigador, las mafias italianas, desde los años 90 con la Cosa Nostra, comenzaron a interesarse por la economía legal, con el caso reciente de los clanes de la ‘ndrangheta, a los que se descubrió participando incluso en licitaciones europeas con sus empresas.

La infiltración en los mercados legales, desde los combustibles hasta el oro y los restaurantes, genera beneficios equivalentes, si no superiores, a los del narcotráfico tradicional y con menores riesgos penales.

En la operación brasileña de la semana pasada, más de 1.400 agentes registraron 350 objetivos en diez estados del país, desde simples gasolineras de las afueras hasta las lujosas oficinas de la avenida Faria Lima en San Pablo, considerada el principal centro financiero de Brasil, con decenas de instituciones financieras involucradas en la trama criminal que había puesto en marcha un sofisticado y articulado sistema de blanqueo de capitales.

“Todo esto demuestra cómo el crimen se sirve de estructuras y servicios perfectamente integrados en el tejido económico-financiero para ocultar y multiplicar los ingresos ilícitos.

Precisamente el efecto multiplicador es una amenaza considerable, porque corre el riesgo de ‘limpiar’ el crimen organizado, convirtiendo a sus miembros en sujetos totalmente legítimos desde el punto de vista económico, si no también desde el punto de vista político-económico”, explica Guerra a Infobae.

Según el experto, lo preocupante es que, según revelan las investigaciones, nos encontramos ante una penetración sistémica del PCC en el tejido financiero del país.

“No se trata de operaciones aisladas, sino que el PCC parece haber entrado en la avenida Faria Lima de forma estructurada.

Está claro que algo así solo puede ocurrir en la medida en que una organización criminal tiene acceso a profesionales e instrumentos como abogados, contables, operadores financieros, fintech e intermediarios capaces de crear y gestionar estructuras societarias complejas”.

Una sola empresa fintech gestionó 8.500 millones de dólares a través de cuentas ficticias, mientras que en la avenida Faria Lima el PCC controlaba al menos 40 fondos de inversión con un patrimonio de unos 5.500 millones de dólares, utilizados para adquirir instalaciones, terminales portuarias, flotas de camiones y más de 100 inmuebles de lujo.

Paradójicamente, mientras la policía registraba las oficinas en la avenida Faria Lima, que cruza los barrios nobles de Pinheiros, Jardim, Itaim Bibi y Vila Olímpia, el índice bursátil de San Pablo, Bovespa, seguía una tendencia opuesta al clima local.

Tras abrir con una subida del 1,6%, cerró la jornada con una ganancia del 1,32%, hasta los 141.049 puntos, el segundo valor más alto de su historia.

La reacción inmediata del Gobierno a la operación de la semana pasada fue imponer a las fintech las mismas obligaciones de transparencia bancaria que a los bancos.

La medida era reclamada desde hacía tiempo tanto por la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), que representa a los bancos convencionales, como por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El Brasil de Lula, que rechazó la propuesta de Trump de declarar al PCC como organización terrorista, decidió no ingresar en la OCDE, a pesar de que durante los anteriores gobiernos de Michel Temer, primero, y Jair Bolsonaro, después, se había iniciado el proceso de adhesión.

Los estándares que el organismo internacional exige a los países que quieren ser sus miembros son muy altos: buenas prácticas de gestión pública, apertura comercial, responsabilidad fiscal, libertad económica y un compromiso serio con la lucha contra la corrupción son requisitos básicos para ingresar.

El proyecto de ley que el Ministerio de Justicia presentará en los próximos días al Congreso para establecer una legislación antimafia en Brasil también ha sido criticado por haber eliminado lo que se consideraba su punto central, es decir, la creación de una Agencia Nacional de Lucha contra las Organizaciones Criminales, inspirada en el modelo de la Dirección Investigativa Antimafia (DIA) italiana.

La agencia tendría la tarea de coordinar a nivel nacional la lucha contra el crimen organizado, hoy fragmentada entre conflictos de competencias entre la policía, el ministerio público y los órganos técnicos.

“Una agencia nacional permitiría una mejor coordinación entre el nivel federal y el estatal de los distintos órganos de investigación, acelerando la recuperación de patrimonios ilícitos y haciendo posible la investigación de fenómenos delictivos cada vez más complejos, que explotan la economía legal, como las redes transnacionales”, explica Guerra a Infobae.

Para el experto, “desde el punto de vista de la especialización en delitos complejos, como el lavado de dinero, la extorsión sistémica, la infiltración en las licitaciones públicas, en el sector inmobiliario y en el institucional, Brasil ha alcanzado un buen nivel, aunque en muchos casos se actúa de forma descoordinada.

Una agencia nacional aglutinaría las distintas competencias”. Además, se trataría de una evolución que podría beneficiar a nivel internacional.

“Fenómenos como el PCC, el narcotráfico internacional o las grandes estructuras dedicadas al lavado de dinero ilícito, para ser combatidos, requieren intercambios de información rápidos, seguros y sin riesgo de dispersión.

Una agencia nacional de este tipo se convertiría en un interlocutor único y estable para las investigaciones de carácter transnacional”, afirma Guerra.

En el proyecto de ley se mantiene, en cambio, el punto que prevé la confiscación de los bienes del delincuente, que pasarán al Estado y, hasta un 5%, al informante que ayude a su captura. (I)

Fuente: evafm.net – infobae.com