La deuda que dejó el correísmo con el BCE
Los préstamos que otorgó el Banco Central de Ecuador (BCE) al Gobierno Central durante el mandato del expresidente
Rafael Correa todavía pesan en las finanzas públicas.
Producto de esos préstamos, el Ministerio de Finanzas tuvo que pagar USD 1.086 millones al Banco Central
en el primer semestre de 2023.
Se trata de un monto similar al gasto en salud durante el primer semestre de 2023, que suma USD 1.284 millones.
El Gobierno de Guillermo Lasso ya ha pagado USD 2.496 millones al BCE entre 2021 y 2023;
esto es, el 28% de la deuda total.
Y todavía quedan pendientes de pago USD 6.576 millones, producto de estos créditos de liquidez adquiridos por el
correísmo desde 2009 para la banca pública y para el Ministerio de Finanzas a partir de 2015.
El cronograma establecido para que el Gobierno Central salde la deuda comenzó en 2021 y se extiende hasta 2035.
Lo anterior significa que al menos durante cuatro gobiernos más se tendrá que seguir pagando esta deuda.
Los pagos al Banco Central han sido una presión para el Presupuesto del Estado, sobre todo en 2023, un año en el que
el país ha tenido dificultades para acceder a préstamos, dice Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.
Acosta Burneo dice que, pese a ello, es necesario que el Gobierno devuelva esos recursos al BCE.
De esta forma, “se fortalecen las reservas internacionales que custodia el Banco Central y, por lo tanto, se reducen
los riesgos ante un posible escenario de alta demanda de efectivo”, agrega.
Pero cómo se originó la deuda? El BCE destinó dinero de las reservas internacionales que estaban bajo su custodia
para dar préstamos a la banca pública y para hacer inversiones en bonos del Estado, explica la exgerente del BCE
Verónica Artola.
En total, esa deuda llegó a sumar USD 9.071 millones, incluyendo intereses; esto es, casi 10 puntos del
Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador.
Las consecuencias:
La baja liquidez en las reservas internacionales, producto de estas operaciones, causó graves problemas en 2020
recuerda Artola, cuando durante la pandemia de Covid-19 hubo una alta demanda de efectivo y caída de ingresos
por exportaciones.
Otros efectos de la reducción de la liquidez en las reservas internacionales fueron:
Control a las importaciones, con salvaguardas y cupos de importaciones, lo que llevó al encarecimiento de productos
importados de cara al consumidor final.
Tributos para controlar la salida de dólares, como el Impuesto a la Salida de Divisas.
Mayor endeudamiento externo, a través de préstamos con tasas de interés onerosas para inyectar liquidez en la
economía.
Una presión en el Presupuesto:
El cronograma de pagos al Banco Central establece que el Ministerio de Finanzas devuelva unos USD 700
millones en 2024.
Pero los reembolsos más altos al Banco Central los tendrá que hacer el Gobierno que sea elegido para el
período a partir de 2025.
De hecho, entre 2025 y 2026 se tendrán que desembolsar USD 2.665 millones. Se trata de casi la mitad
del gasto en educación previsto para 2023.
Además, 2026 será crítico para ese Gobierno, porque en ese año se deben pagar unos USD 4.000 millones
de deuda externa.
¿Qué se debe al Banco Central?
La deuda del Gobierno con el Banco Central está compuesta por dos tipos de obligaciones.
Las primeras son las “inversiones domésticas“, con las que el Banco Central dio préstamos a entidades de
banca pública, como la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco del Estado, para que estas
coloquen crédito.
Pero, en la práctica, estos recursos fueron para financiar al Presupuesto del Estado.
Estas transacciones de crédito llegaron al récord de USD 3.000 millones en abril de 2014.
Lo explican los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Juan Pablo Erráez y Julien Reynaud
en el artículo Expansión del Balance del Banco Central en una Economía Dolarizada, publicado por el
Banco Central en junio de 2023.
El segundo tipo de obligaciones corresponde a los bonos que emitía el Ministerio de Finanzas y que el
Banco Central comenzó a comprar a manera de inversión.
Estas operaciones provocaron una grave pérdida de liquidez en las reservas internacionales que custodia
el Banco Central pues la entidad acumuló millonarias sumas en esos papeles, muestra el artículo de
Erráez y Reynaud.
Artola explica que desde 2017, el Gobierno adoptó la política de dejar de hacer este tipo de créditos y, en 2021
la Ley de Defensa de la Dolarización lo prohibió.
Aun así, candidatos presidenciales como
Xavier Hervas (RETO), Luisa González (Revolución Ciudadana) y Yaku Pérez (Alianza Claro que se puede)
han hablado de volver a recurrir a estos créditos con el Banco Central para financiar el gasto público. (I)
Fuente: evafm.net – primicias.ec
