Las obras que no logran frenar las inundaciones
Alcira Castro se despertó con el estruendo. Las gotas de lluvia caían estrepitosas sobre el techo de zinc.
A lo lejos escuchaba gritos.
Al posar sus pies sobre el piso inundado supo lo que había sucedido.
El río Bulubulu nuevamente se había desbordado.
Una pesadilla recurrente. Desde que llegó a Virgen de Fátima, a los 10 años, la sexagenaria había aprendido a temerle al río.
Cada invierno, la crecida se llevaba todo a su paso: casas, cultivos, calles, escuelas.
La vida de todo un pueblo sumergida en el agua lodosa.
Pero en 2015, la vida cambió para bien, o al menos eso le dijeron.
Sucedió kilómetros más arriba, en La Troncal (Cañar), con la construcción del Control de Inundaciones Bulubulu. La megaobra hídrica, uno de los emblemas de la revolución ciudadana, tenía un único fin: frenar los aluviones que anualmente dejaban pérdidas en el Litoral por aproximadamente $ 237 millones de dólares.
El proyecto contaba con un dique contra torrentes, un dique de tierra y la construcción del embalse Las Maravillas.
Su función, casi de ensueño: controlar hasta 600 metros cúbicos de agua por segundo en la temporada invernal y almacenar 16 millones de estos para el riego en épocas secas.
“Esta obra será la solución definitiva a todo riesgo de inundaciones”, recitó optimista Walter Solís, entonces secretario nacional del Agua, llamado a juicio por peculado por la trama de corrupción de Odebrecht.
Supuestamente, las zonas beneficiadas por las obras eran varias: Cochancay, Voluntad de Dios, La Troncal, Las Maravillas, Manuel de J. Calle, Taura, Boliche y Virgen de Fátima. Una población de más de 65.000 personas que no volverían a sufrir los estragos del invierno y la crecida de los ríos.
Al año siguiente, la ilusión de un invierno sin inundaciones se fracturó.
El Bulubulu volvió a desbordarse, dejando anegada casi en su totalidad a Taura y sus recintos rurales. ¿Había fallas en la obra? En ese momento, Solís, hoy prófugo, aseguró que no.
“Sobre los muros que no forman parte del control de inundaciones, sino que son la defensa de los agricultores, hay mucha circulación de maquinaria pesada que causa asentamientos que a su vez permiten que el agua pase”.
Añadió que, sin el Control de Inundaciones, que costó $ 57 millones, “podía ser peor”.
Y así continuó. En 2017, 2018 y el mes pasado, el Bulubulu siguió desbordándose.
Este año, la anegación le tocó a la zona de Tiwinza en Virgen de Fátima, ante la sorpresa y temor de Alcira Castro.
“Es lo mismo de siempre. Se inunda menos, ya no es todo el invierno, pero igual pasa y cuando se inunda es el mismo problema de siempre”, aseguró.
EXPRESO recorrió las obras de Control de Inundaciones Bulubulu y los bypassesde los proyectos Cañar y Naranjal, cuyo fin también es mitigar los efectos de las lluvias. La inversión alcanzó los $ 345 millones.
Las reacciones de los pobladores varían según la cercanía de la localidad a las obras. En Manuel J. Calle, una de las ciudades más cercanas al proyecto Bulubulu, ubicada a 20 kilómetros, la infraestructura efectivamente convirtió las anegaciones en cosa del pasado.
“Nosotros le teníamos terror a ese río, pero desde que completaron esa obra, nunca nos volvimos a inundar y la gente empezó a producir más porque ya no hay miedo de perderlo todo”, explicó el morador José Ruiz.
No obstante, cruzando la carretera, en el recinto La Cadena, el río se desborda por partes.
“El agua antes nos llegaba hasta el cuello, ahora quizás hasta las pantorrillas”, comentó entre risas Manuel Oleas.
En Boliche, ubicado a casi cincuenta kilómetros, las inundaciones se detuvieron en la zona céntrica, pero no en sus zonas rurales.
“Desde que hicieron ese bypass más arriba, acá ya casi no nos inundamos, pero más arriba, en las fincas, la gente aún construye muros con piedras, porque el río se desborda”, narró Byron Díaz.
Según información publicada por la Empresa Pública de Agua (EPA), el estado del funcionamiento del Control de Inundaciones Bulubulu, y las complementarias Cañar y Naranjal es del 100 %. Pese a esto, las tres obras cuentan con observaciones de la Contraloría, en informes aprobados entre 2016 y 2017.
En el caso del proyecto Bulubulu y Cañar, los cuestionamientos surgen de pagos injustificados, inconsistencias técnicas en los precios unitarios y fallas en el correcto manejo de los estudios ambientales. En el caso de Naranjal, los problemas son mayores.
Hay controversias por el uso de material de inferior calidad e incumplimiento de especificaciones técnicas de construcción, demoras en el pago de expropiaciones de terreno, lo que imposibilitó la correcta edificación de tramos del dique y provocó vulnerabilidades, y la explotación de una mina cercana sin estudios técnicos o ambientales para poder continuar con la rápida cimentación de la obra.
No son los únicos proyectos hídricos con fallas. Como publicó EXPRESO la semana pasada, siete de las megaobras construidas por la entidad cuentan con informes detallando incumplimientos administrativos y penales. La prueba física por las deficiencias se vio a inicios de semana con inundaciones en Los Ríos relacionadas a malos diseños del trasvase Daule-Vinces.
La propia EPA solicitó nuevos exámenes a algunos de los proyectos cuestionados e indicó que, entre sus problemas internos, está la falta de una unidad de control para gestionar y operar las megaobras. EXPRESO consultó a la entidad sobre el estado de los proyectos hídricos y sus cuestionamientos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
No obstante, para los expertos, los problemas que los Controles de Inundaciones puedan presentar no necesariamente influyen en su efectividad.
Jacinto Rivero, máster en Ingeniería de ríos, considera que la principal falla de los Controles de Inundaciones es que no haya más.
“Específicamente en la zona donde se asientan los ríos Bulubulu y Chimbo, las inundaciones eran todos los años y las infraestructuras de control tanto ahí como en Cañar y Naranjal han sido muy útiles para frenar el problema.
Lo que se necesita para mitigar los efectos en invierno es más infraestructura complementaria, sobre todo en poblaciones que están junto a los ríos”.
Lo urgente, dice, es desarrollar estructuras eficientes de manejo de agua. Incluso, añade, que pese a la edificación total de todos los proyectos para mitigar el invierno, la cuenca baja del Guayas continuará sujeta a las anegaciones esporádicas.
Con él coincide el exdirector de la Unidad Coordinadora del Programa de Emergencia para Afrontar Fenómenos Naturales (Copefen) y especialista en temas hídricos, Marcos Runruil.
“Se puede invertir todo el dinero del mundo en obras de control, pero si los municipios dejan que continúen los asentamientos en zonas de riesgo, no habrá mitigación posible”.
Y sin duda, los efectos de las lluvias se traducen en montos, pues hasta ahora, en los últimos cuatro meses, el Estado calcula que se han perdido $ 34,8 millones producto de la temporada invernal, un monto casi equiparado a los $ 26 millones que la infraestructura en esa zona concreta debía ahorrarle al país.
La Infraestructura
Bulubulu
Construida por la empresa china CWE e inaugurada en 2015. Costó $ 57 millones. Contraloría detalla inconsistencias técnicas en precios y pagos.
Cañar
Inaugurada en 2016 y construida también por la empresa china CWE. Costó $ 227 millones. La Contraloría detectó desfases en los estudios ambientales.
Naranjal
También fue construida por CWE. Costó $ 118 millones. Contraloría detalla uso de material inferior y debilidades en la construcción del dique.
Proyecto
El control de Milagro aún está pendiente
El Control de Inundaciones de Milagro, destinado a reducir las anegaciones en esa zona y en Yaguachi, Durán y Naranjito, afectadas fuertemente este año por las lluvias, no pasó de los estudios técnicos. Senagua pagó $ 5’293.301 a la empresa Innasa por realizar el análisis.
La compañía, (filial de la española Canal Isabel II en Latinoamérica), fue multada por Colombia al comprobarse que ofreció coimas a funcionarios públicos en Ecuador.
Dos años después, en 2014, Senagua declaró como “no viable” el proyecto.
Los motivos no se encuentran detallados. En 2016 se liquidó el contrato y se firmó la terminación por mutuo acuerdo.
Senagua subrogó el contrato a la Empresa Pública de Agua a la que se trasladaron los recursos para el pago final.
Actualmente, la Contraloría realiza un examen especial sobre los estudios del proyecto. La obra quedó pendiente. (I)
Fuente: expreso.ec
