Primer desafío del gobierno tico: contener el gasto

San José, 13 may (Andes).- Apenas en la primera semana del Gobierno en Costa Rica la oposición planteó las reglas del juego al presidente Carlos Alvarado para aprobar rápido una reforma tributaria y puso como requisito indispensable un plan de contención de gasto.

Alvarado, quien asumió el pasado martes el cargo, enfrenta su primer gran desafío: que su Gobierno presente pronto un plan de contención del gasto que satisfaga a la oposición y permita avanzar con el trámite de la reforma tributaria en el Congreso.

Apenas en sus primeros días en el puesto, el presidente dio total prioridad al asunto fiscal y se reunió con casi todas las bancadas legislativas para reiterarles la urgencia de paliar el déficit fiscal, que en 2017 cerró en el 6,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), así como la deuda que fue del 48 por ciento del PIB.

Aunque con diferentes matices, las bancadas de oposición pusieron como requisito indispensable que el Gobierno dé señales claras de que está dispuesto a frenar el gasto público.

«Queremos un esfuerzo serio y contundente del Gobierno en el gasto», dijo el pasado miércoles el jefe de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Benavides, tras la reunión con Alvarado, en la que la reforma tributaria, llamada proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, fue eje prioritario.

El PLN, el partido con mayor representación en el Congreso con 17 de los 57 diputados que integran ese poder, considera que el proyecto de ley es un paquete de impuestos y que contiene muy poco para reducir los gastos.

«No es dable pedirle a los costarricenses únicamente que se arregle el problema fiscal por el lado de los impuestos sin que exista un plan concreto, manifiesto y cuantificable, de medidas en materia de contención del gasto», declaró Benavides.

La reforma fiscal la estudia el Congreso desde hace unos dos años y pretende reducir el déficit fiscal en cerca de dos puntos porcentuales del PIB.

La iniciativa tiene como punto principal la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que ampliará la cantidad de productos y servicios por gravar.

El proyecto también contiene cambios en el impuesto sobre la renta, la renta de capital, reducciones y modificaciones en algunos pluses salariales del sector público y una regla fiscal para evitar que se dispare el gasto.

El Partido Restauración Nacional (PRN), segunda fuerza con 14 legisladores, insistió en su respectiva reunión con el presidente en que se deben excluir del cobro del IVA los productos de la canasta básica para no afectar a los más pobres.

Este partido, al igual que la Unidad Social Cristiana (9 diputados), también exigió un plan de contención del gasto como prueba de confianza para seguir avanzando con la reforma fiscal.

Los sindicatos juegan también su papel en esta historia y en las últimas semanas efectuaron dos marchas en el centro de San José para oponerse a la reforma y a que se recorten pluses salariales, pues consideran que los verdaderos culpables de la situación son los evasores de impuestos.

Cálculos oficiales indican que la evasión en Costa Rica es cercana al 8 por ciento del PIB.

El presidente Alvarado, cuyo Partido Acción Ciudadana (PAC) es la tercera fuerza en el Legislativo con 10 diputados, se verá obligado a negociar y mantener contacto estrecho con el resto de agrupaciones para conseguir acuerdos.

Esta misión recae en el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, excandidato presidencial socialcristiano, quien debe conducir los vínculos entre el Ejecutivo y el Legislativo y que además ha anunciado la intención de crear una mesa tripartita de diálogo con los gremios laborales y los patronos.

Piza dijo esta semana que el plan de contención del gasto del Gobierno está siendo elaborado por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y que pronto será presentado ante la ciudadanía.

El Congreso anterior (2014-2018) estuvo cerca de aprobar la reforma tributaria mediante un procedimiento abreviado tras un acuerdo entre varios partidos, pero no consiguieron hacerlo antes del 1 de mayo pasado cuando finalizó su período.

Los nuevos 57 diputados han defendido su derecho a enmienda y buscan aplicarle cambios al proyecto de ley, ante lo que el presidente Alvarado ha manifestado su respeto, aunque ha pedido a los diputados celeridad.

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bancos y agencias calificadoras de riesgo, han señalado al déficit fiscal como un problema serio para Costa Rica al cual urge darle una solución pronta.

EFE/yp

Fuente: andes.info.ec